El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha abierto una investigación por una denuncia de los colectivos A Desalambrar y Ecologistas en Acción por el asfaltado, presuntamente sin autorización administrativa, de un tramo de la vía histórica Camino de la Umbría por parte de los propietarios aglutinados entorno a la Asociación de Vecinos Las Siete Fincas, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.
Al respecto, según ha adelantado el diario digital 'Cordópolis', ambos colectivos también han registrado denuncias en la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba y la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en la provincia.
El camino asfaltado, según los denunciantes, conecta con el antiguo Cortijo del Bejarano, y está situado en la parte menos consolidada de "la parcelación ilegal". Así es como lo recoge expresamente la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), tanto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), vigente desde enero de 2002, como en la posterior revisión con motivo de la adaptación del citado instrumento urbanístico a las sucesivas modificaciones de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). En el PGOU, la parte menos consolidada se considera suelo no urbanizable de especial protección.
En este caso, ambos colectivos comentan que "no es la primera vez que los vecinos de la Asociación de Vecinos Las Siete Fincas asfaltan caminos de servicios e incluso tramos de vías pecuarias". De hecho, en ésta última actuación, además de asfaltar un tramo nuevo de una camino rural, "han parcheado el asfalto del camino denominado por los vecinos Avenida del Rosal". Este camino corresponde con la vía pecuaria denominada Vereda del Negro, que como vía pecuaria no puede asfaltarse.
Según han expuesto, "con el progresivo asfaltado de los caminos que están ocupados por la parcelación ilegal, se pretende, por un lado, mejorar la accesibilidad de los residentes, y, por otro, la de ir consolidando una imagen de urbanización residencial, ordenada y dotada, de las necesarias infraestructuras desde un punto de vista urbanístico para facilitar en un futuro próximo su regularización". "En cambio, desvirtúan estos caminos para el uso público del senderismo o la BTT", han advertido.
A Desalambrar y Ecologistas en Acción han expresado su "más profunda preocupación por la inacción de las administraciones públicas ante presuntos casos flagrantes de comportamientos colectivos de carácter ilegal". "Mirar hacia el otro lado, convierten a las instituciones públicas en cooperantes necesario de un fenómeno social que está devastando uno de nuestros principales activos ambientales, la Sierra de Córdoba", han agregado.
