La Audiencia Provincial acoge esta semana la vista oral contra el alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, para quien la Fiscalía solicita dos años de cárcel acusado de permitir "con deliberada pasividad" la apertura de un establecimiento de comida rápida en el municipio a sabiendas de que el local carecía de licencia de primera ocupación y, por tanto, de apertura.
El fiscal, que interesa además 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público en el ámbito local, remarca que asistió en noviembre de 2016 al acto de inauguración de la hamburguesería "siendo plenamente consciente" del "ilegal inicio de la actividad" y señala que lo hizo "tratando de obtener popularidad y rentabilidad política" con la apertura de la conocida franquicia durante su mandado.
Torres (PP) será enjuiciado el día 18 ante el tribunal de la Sección Tercera por la presunta comisión de un delito de prevaricación urbanística omisiva o, alternativamente, de un delito de prevaricación por omisión.
Según indica el Ministerio Público en su escrito de calificación provisional, Torres, quien en el momento de los hechos ostentaba también las competencias delegadas de Urbanismo, era "plenamente consciente" cuando asistió en su condición de alcalde al acto de inauguración de que el local "carecía" de licencias.
Subraya que, de hecho, hasta dos años después y hasta un mes después de que en octubre de 2018 fuera desalojado de la Alcaldía por una moción de censura, el expediente de solicitud de permisos "estuvo paralizado" y alude a un informe de un técnico municipal que ponía de manifiesto que el establecimiento "incumplía las condiciones técnicas para obtener las licencias ya que había que corregir el saneamiento y las redes pluviales, entre otras deficiencias".
"Siendo conocedor de estas irregularidades, pero tratando de obtener popularidad y rentabilidad política con la apertura bajo su mandato, permitió con su deliberada pasividad el ilegal inicio de la actividad", reprocha el fiscal, quien añade que, posteriormente, "omitió conscientemente su deber de promover la puesta en marcha del procedimiento administrativo correspondiente para así subsanar la situación".
Al margen de las penas de prisión e inhabilitación, interesa multa de 18 meses a razón de 12 euros al día y matiza de que, en caso de que se aprecie el delito subsidiario de prevaricación urbanística por omisión, solicita solo las penas de inhabilitación para empleo o cargo público.
En el procedimiento también hay acusación particular, que califica los hechos en la misma línea que la Fiscalía pero interesa dos años de cárcel, 24 meses de multa a razón de diez euros y la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
En un reciente comunicado, el alcalde saludó que el caso concluya esta semana de "forma definitiva" y ponga así "fin a un contencioso de más de tres años por la denuncia presentada por la portavoz socialista del Ayuntamiento, Ángeles Castillo".
Aseguró que tiene "muy claro" que esta acusación "no se sustenta, ya que el local contaba con toda la documentación necesaria para poder comenzar su actividad y con todos los informes que se realizan en el Ayuntamiento favorables".
Añadió que a la empresa le "faltaba conectar la red de saneamiento a la carretera, permiso solicitado en 2016 a Carreteras y recibido en abril de 2018".
"Mientras tanto, tal y como contempla la normativa urbanística del municipio, estuvo utilizando un sistema compatible, siendo esta normativa aplicada en el 100% de estos casos en todos los negocios que se encuentran en esa situación de impás mientras reciben los permisos", remarcó.
En el mismo comunicado, reprochó que el caso haya sido "articulado con informaciones falsas y malintencionadas" para "dañar" su honor y credibilidad, "en una operación de acoso y derribo por parte del PSOE de Huércal de Almería, que comenzó con una moción de censura, intentando asfixiarme y hacerle desistir a base de denuncias falsas".
