La delegada de Presidencia y Hacienda, Sonia Gaya (PSOE), ha participado este miércoles en unas jornadas organizadas por la patronal de la construcción, Gaesco, para analizar la revisión de precios en la obra pública a raíz de los decretos estatal y autonómico para hacer frente al encarecimiento de los materiales. En este marco, ha trasladado al sector que el Ayuntamiento "está trabajando en cómo adaptar ambas legislaciones al marco municipal" para adoptar las medidas que sean "posibles" para que no haya interrupción en las inversiones ni del Consistorio ni de sus organismos autónomos ni de las empresas municipales.
Durante su intervención en el acto de inauguración, que ha contado también con la consejera andaluza de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, y con el presidente de Fadeco Contratistas, Rafael Sánchez Alcalá, Gaya ha insistido en que desde el Consistorio "se adoptarán las medidas legales y económicas posibles para compensar la subida de los materiales en las obras ya adjudicadas por parte del Ayuntamiento".
"El encarecimiento será afrontado con rigor y consenso para que no exista ni una sola obra paralizada ni frenazo en la inversión municipal y, en consecuencia, que no haya secuelas en el tejido empresarial y el empleo generado, al tiempo que trataremos de mantener el volumen inversor en los próximos años", ha remarcado la delegada en unas declaraciones recogidas por el Ayuntamiento en un comunicado.
Gaya ha desgranado los proyectos que impulsa el Ayuntamiento, con 34 grandes obras de más de 500.000 euros cada una y una en colaboración con la Junta (en Torneo), que suman un volumen de inversión de 226 millones de euros. En estas obras, participan una treintena de grandes empresas en solitario o en unión temporal y están generando un volumen de contratación directa e indirecta de 3.744 personas. Asimismo, hay "decenas de pequeños proyectos" en los barrios y "grandes contratos" de mantenimiento de la ciudad que suman 50 millones entre conservación de viario, parques y jardines y arbolado y señalización semafórica.
Todos estos contratos se licitaron a un precio, se adjudicaron por otro importe y antes del inicio de las obras o durante la ejecución de las mismas la situación económica (crisis sanitaria, huelga del transporte y guerra de Ucrania) y los precios de distintos materiales se modificaron. Lo que supone que muchas empresas, con el estrecho margen que deja la ley para modificados, "no puedan asumir los contratos". "Estamos trabajando para solucionarlo desde el rigor", según ha dicho Sonia Gaya.
"El compromiso es realizar el máximo esfuerzo económico, jurídico y administrativo posible para así lograr adecuar nuestro gran volumen de obra pública al actual escenario económico. Para ello, llevamos semanas trabajando desde un punto de vista técnico y analizando posibilidades", ha abundado la delegada. Al respecto, ha explicado que los ayuntamientos están todos en un proceso de análisis interno jurídico y técnico en torno a los dos decretos, el estatal y el autonómico, para evaluar su adhesión.
"El compromiso del Ayuntamiento es adoptar medidas que no tardarán, pero también hacerlo con el máximo rigor y todas las garantías, puesto que las medidas que se vayan a adoptar tendrán un gran impacto económico y presupuestario, una enorme complejidad técnica y una gran dificultad administrativa", ha argumentado. "Es fundamental, además, una aplicación coordinada de estos decretos y una adecuación a la realidad de los ayuntamientos y coherente, para así evitar que existan criterios dispares", según ha desgranado.
