“Un aspecto fundamental es reforzar toda la situación asociada a la financiación de la investigación y la transferencia de sus resultados, y eso requiere o bien definiciones concretas o bien el establecimiento de una coordinación adecuada con otros entornos, pero claramente visible”, ha precisado a Efe el presidente de la CRUE, Federico Gutiérrez-Solana.
Esto es “crucial”, argumentó, porque si la sociedad no entiende que se trata de una inversión fundamental estamos “perdiendo el futuro”.
Preguntado por si el proyecto que apruebe el Consejo de Ministros debería conllevar una memoria económica, ha respondido que una ley es la antesala de una planificación coordinada con el modelo social de futuro que se pretende y “esto requiere también encajes presupuestarios, al menos en números grandes”, con la referencia de los países con los que España compite.
A la espera de analizar con profundidad el último borrador presentado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Gutiérrez-Solana ha resaltado el valor, como “eje fundamental”, que el texto concede a las personas que se dedican a investigar.
“Hay un paso importante –enfatizó– en la línea de una demanda a nivel europeo: el reconocimiento de los investigadores, el reconocimiento profesional de la labor investigadora, empezando en la etapa formativa”.
Recordó que cuando el investigador inicia el proceso predoctoral ya es un profesional con una titulación, así que el reconocimiento que se hace de ello asociado a la contratación propicia que la sociedad también entienda la importancia de la investigación para el desarrollo de todos.
También ha resaltado que se potencie la movilidad para que los profesionales puedan “fluir sin trabas” entre espacios como los centros de investigación y las universidades al tener escalas o carreras profesionales bastantes próximas, lo que va a permitir “flexibilizar” la gestión del conocimiento, aparte del tránsito hacia los sectores de productivos y de servicios.
Asimismo, recordó que la ley tiene que desarrollarse en coordinación con el futuro decreto de doctorado, la Ley de Economía Sostenible y el Estatuto del Personal Docente e Investigador en un “modelo único”.
Interrogado sobre si la ley ha perdido sustancia a media que se han sucedido los borradores, ha respondido que siempre parece que algo falta si se espera que todo quede absolutamente definido en los documentos, aunque éstos pueden establecer un margen que permita desarrollos posteriores “más libres”.
En relación con la financiación de la enseñanza universitaria, ha calculado en torno al treinta por ciento el déficit inversor de España en comparación con la media de los países de la OCDE.
La sociedad, las administraciones públicas y los sectores privados deben entender, según el presidente de la CRUE, que es “irrenunciable” llegar a un total del 1,5% del PIB para una calidad adecuada, aunque es algo complicado en las circunstancias económicas presentes.
En relación con la distribución del gasto público, señaló que la formación se ve menos, es “más etérea”, pero mucho más importante e incuestionable que otros servicios para el desarrollo de la sociedad.
Sobre el coste de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), ha comentado que puede ser distinto en cada universidad.
En general, se lleva una parte “sustancial” de las cuentas debido a que los presupuestos están muy ajustados, aunque no existe un estudio preciso del conjunto del sistema.
