Una junta de jueces reunida en la Audiencia Provincial tomará este miércoles decisiones sobre cómo reorganizar los señalamientos de los juicios suspendidos esta semana tras el cierre de los ocho juzgados de San José por el mal estado del inmueble, que está siendo objeto de un estudio de habitabilidad, y su mudanza forzosa al edificio Carranza. La reunión se celebrará para abordar básicamente toda la logística relacionada con las salas que se están habilitando en las últimas horas para celebrar las vistas entre las sedes de la Audiencia Provincial y Carranza tras aplazarse las vistas y señalamientos previstos en los juzgados afectados (cuatro de Primera Instancia y cuatro de Instrucción) y el traslado del personal. Asimismo, en el encuentro los magistrados realizarán una petición formal a la Junta de Andalucía para hacerle partícipe de la “gran incertidumbre” que hay y pedirles información sobre las soluciones que barajan.
El propio Colegio de Abogados de Cádiz apuntaba a sus colegiados que la previsión era “reintentar” reubicar los señalamientos en las restantes sedes judiciales a partir de este miércoles. Esto no evita la situación de “inseguridad” que, a juicio del decano de esta institución, Pascual Valiente, se está generando estos días “tanto para justiciables, como para abogados y procuradores por no conocer qué juicios, cuándo y dónde se van a celebrar”. Una situación que entiende que la Administración “podría haber evitado”. Les consta que “están buscando salas” entre las mencionadas sedes judiciales, pero una vez habilitadas, hay que dar toda la relación de juicios a los juzgados, notificar el cambio de sala, y una serie de trámites obligados, con lo que no es tan fácil reanudar esta actividad de un día para otro. A ello hay que añadir, explica, los perjuicios que ha originado la decisión de la Junta. “Los juzgados generan una media de diez o doce juicios diarios, se tendría que haber previsto con más antelación y haber planificado el traslado de los juzgados”, señala.
Por lo demás, tras los problemas del primer día, el Juzgado de Guardia funcionó ayer “con normalidad” aunque también con una sobrecarga de trabajo al absorber todo lo relacionado con asuntos de la jurisdicción de lo civil y lo penal y asumir funciones que no son propias de sus competencias. “A los ciudadanos que han ido a San José, los han mandado al Juzgado de Guardia, y esto es como si a los compañeros se les echa a los leones; se han visto desbordados”, critican desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicias (STAJ).
Mientras tanto, siguen sin comunicación oficial de la Delegación territorial de Justicia, que acomete un estudio de habitabilidad que debe estar listo en diez días. Para el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, lo que está ocurriendo no deja de ser “de juzgado de guardia”, debido a la situación “límite y desastrosa a la que ha llegado la Junta de Andalucía” con los juzgados de San José, principalmente, por el “perjuicio”que ocasiona a la ciudadanía y a los operadores jurídicos la suspensión de los juicios.
“Se cae a pedazos”
Así, lamenta que “el Gobierno andaluz haya estado cuatro años mareando la perdiz con la Ciudad de la Justicia, sin haber tenido previsión alguna sobre la actividad de las instalaciones judiciales de San José y sobre la necesidad de buscar una alternativa a un edificio con ratas y que se cae a pedazos”. En este sentido, Ruiz Boix se mostró convencido de que si la Zona Franca de Cádiz tiene espacio disponible para acoger los juzgados, hará todo lo posible” y anunció que el grupo socialista registrará una batería de iniciativas con objeto de que el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, comparezca en el Parlamento andaluz para explicar los detalles de tan “caótica gestión”.
