El caso Mercasevilla se ha ido complicando judicialmente y dejando claras las responsabilidades políticas de la Administración autonómica mientras la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Ayala, ha avanzado en la doble investigación que desarrolla: un concurso irregular de una de las parcelas de la sociedad municipal y el presunto cobro de comisiones ilegales para la adjudicación de una Escuela de Hostelería, que incluía una subvención de 900.000 euros y en la que se ha imputado a cuatro personas, entre ellos el delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, cuya gestión ha sido avalada por el destituido Antonio Fernández en innumerables ocasiones.
Ante la jueza -que ha rechazado tomar declaración al propio Fernández porque es aforado y porque considera que la subvención puede ser explicada por los dos directores generales de Formación para el Empleo implicados en el expediente- declaraba esta semana el actual coordinador general de la Viceconsejería de Empleo, Juan Manuel Fuentes Doblado, y en aquellos entonces director general de Formación para el Empleo. El alto cargo de la Junta aseguraba el martes que “no es cierto” que se comprometiera a conceder la subvención de 900.000 euros a la Fundación Mercasevilla para la construcción de una escuela de hostelería, ya que ello “es competencia” del consejero del ramo.
Fuentes Doblado aseguró estar en “desacuerdo” con las manifestaciones prestadas por el delegado provincial de Empleo acerca de que fue Rivas quien garantizó la concesión de esa subvención por la cuantía de 900.000 euros, aunque dijo desconocer si el consejero “garantizó o no” esa concesión.
En este sentido, dijo ser conocedor de la concesión de la subvención pero aseveró que no intervino en el acto concreto de la misma, ya que cesó en mayo de 2008, aunque admitió que sí intervino y asistió en diciembre de 2007 al acto en el que se firmó un protocolo de actuación entre la Consejería de Empleo, la Fundación Mercasevilla y la Asociación de Empresarios de Hostelería, junto con el Grupo La Raza (empresa a la que supuestamente le pidieron las comisiones ilegales), al objeto de fomentar la formación de personal cualificado para el gremio de hostelería.
Al hilo, Fuentes Doblado señaló que, en ese momento, “se creyó oportuno establecer una escuela de hostelería para formar personal destinado al sector referido”, y, una vez firmado el protocolo, representantes de Mercasevilla y del Grupo La Raza solicitaron una reunión con él “para ver cómo se podía articular” este protocolo, en el cual se establecía la colaboración de la Consejería para patrocinar el equipamiento de la escuela de hostelería.
Así, y tras precisar que esa fue su intervención antes de que se solicitara la subvención, indicó que a esta reunión no asistió Rivas y aseveró que “no es cierto” que “prometiera” la concesión de la subvención, pues incluso los representantes de la Fundación y de La Raza “comentaron que la idea era solicitar una subvención de un millón o 1,3 millones de euros”, una propuesta que “rechazó”.
Precisó que, tras esta primera reunión, tuvo lugar otra “10 o 15 días después” a la que sí asistió Antonio Rivas, explicando que los representantes de las entidades mencionadas “cambiaron su idea inicial, pues estaban dispuestos a solicitar una subvención para el equipamiento en cuantía inferior, barajándose distintas cifras”.
Quien firma es el consejero
No obstante, el propio Fuentes Doblado “estimó” que, “como máximo, en principio la Consejería podría llegar hasta una cantidad de 900.000 euros, a pagar en diversas anualidades y sin que supusiera un compromiso”, ya que “para conceder cualquier subvención hay que hacer un procedimiento previo y pasar por la intervención, y en todo caso era el consejero de Empleo el que tenía que firmar la concesión”.
Tras asegurar desconocer “si ha existido o no algún tipo de irregularidad”, ya que no era director general de Formación cuando esta subvención se concedió, también dijo conocer que, a raíz de todo ello, se abrió un expediente de información reservada -“el instructor del expediente fue el viceconsejero, Agustín Barberá”- aunque dijo desconocer si éste “está cerrado o suspendido por la tramitación del presente procedimiento judicial”.
El propio Barberá, en su declaración del 25 de marzo, negó que el delegado Antonio Rivas participase en la decisión de denunciar los hechos al fiscal al relatar el proceso seguido por la Junta cuando en febrero de 2009 se enteró de que dos empresarios del Grupo La Raza de hostelería habían grabado una conversación en la que los directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, ya imputados, les pedían una comisión de 450.000 euros como condición para adjudicarles la Escuela de Hostelería del mercado central.
En su declaración, Barberá explicó que él instruyó el expediente de información reservada, oyó la grabación y “él personalmente tomó la decisión de poner los hechos en conocimiento de la Justicia”, sin ninguna participación de Antonio Rivas.
Según Barberá, el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, se enteró de la existencia de la grabación el 11 de febrero de 2009 y ese mismo día reunió en la sede del Parlamento andaluz al gerente del Servicio Andaluz de Empleo (destituido esta semana junto a todos los altos cargos de la época de Fernández), a Antonio Rivas y al propio Barberá.
Los presentes concluyeron “que había que esclarecer la situación y abrir un expediente de información reservada”, así como paralizar cualquier pago derivado de la subvención de 900.000 euros que la Junta ya había concedido a la Escuela de Hostelería.
Barberá escuchó el CD “solo en su despacho” e inmediatamente redactó un escrito poniendo los hechos en conocimiento del fiscal, en una decisión “en la que no participó Rivas”.
El testimonio de Barberá contrasta con lo declarado por el propio Antonio Rivas como imputado ante la jueza de Instrucción 6 de Sevilla, cuando el 16 de noviembre de 2009 aseguró que en la reunión mantenida en el Parlamento andaluz el consejero de Empleo les resumió la grabación y todos los asistentes “deciden dar traslado a la Fiscalía por si quería iniciar actuaciones penales”.
