El caso del incendio que arrasó en 2017 un total de 10.340 hectáreas del entorno de Doñana continúa en fase de instrucción casi seis años después de este fuego que se inició el 24 de junio en el paraje de Las Peñuelas en Moguer y que afectó a terreros, en su mayor parte de titularidad pública, situados en montes de los municipios de Almonte, Lucena del Puerto y la localidad moguereña.
Así, según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha Europa Press, la causa -a la que se han personado más de 200 perjudicados, personas físicas y jurídicas y en la que consta como investigada la carbonera de la zona- se encuentra en diligencias previas y aún no se ha pasado a la fase de procedimiento abreviado, ya que se encuentra a la espera de las pruebas periciales.
En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Plataforma de Afectados por el Incendio de Las Peñuelas, Ángel Ruiz, ha lamentado que el caso "todavía no se haya pasado de la fase de instrucción", toda vez que ha reseñado que espera que con el dinero intervenido a la carbonera "se empiece a indemnizar a los pequeños propietarios", ya que "si no, habrá que reclamar a la Junta de Andalucía como responsable civil subsidiario" y esto "sería un juicio civil que podría durar hasta diez años".
Asimismo, ha criticado que el Gobierno de España "no declarase zona catastrófica" la parte afectada por el incendio de Las Peñuelas, a pesar de "pertenecer a varios términos municipales" y de "llegar casi a las puertas de Doñana", mientras que "con el Gobierno actual, aunque las ayudas no sean la panacea, al menos reciben algo", toda vez que se ha preguntado que "si no se califica como catástrofe, como va a destinar la Junta una partida presupuestaria para ello". "No hay partida extraordinaria por parte de la Junta tampoco", ha lamentado.
En este punto, ha explicado que la plataforma tiene prevista "más protestas" una vez que concluya la fase de instrucción y pase a la Audiencia Provincial, de forma que se convocarán movilizaciones en Huelva con la intención de "dejar claro que la Junta, en ese momento, hacía años que no limpiaba los campos, ni hacía las suficientes tareas de prevención", por lo que "el fuego se extendió más allá de dónde debiese".
De la misma manera, ha aseverado que las inspecciones a la carbonera "tampoco se llevaron como se tenían que llevar", así como ha criticado que "en un momento dado se negara a bomberos que vinieran a colaborar", algo que considera "podría haber impedido que muchas casas no ardieran".
"Se trata de que no solo es culpable la carbonera. El Estado tuvo una gestión nefasta, las solicitudes de ayuda que se entregaron a los ayuntamientos no sirvieron para nada y las que se entregaron en la Junta fueron rechazadas", ha señalado antes de apuntar que las que fueron entregadas al Gobierno "a través del Ayuntamiento de Palos, que era el que lo gestionaba, por ejemplo en mi caso, se presentaron fuera de plazo. La tramitación fue una tomadura de pelo", ha enfatizado Ruiz.
Por su parte, el abogado que lleva el mayor número de afectados personados a la causa, Pablo Gastalver, ha señalado que considera que "la instrucción no tardará mucho en finalizar" y pasar al Juzgado de lo Penal, al tiempo que ha reseñado que la causa consta de "más de 3.000 folios", algo a lo que achaca el "retraso" en la instrucción.
Asimismo, ha explicado que hay "una pieza separada de responsabilidad civil" para "facilitar la instrucción de los perjudicados" y que es independiente de la principal, que "es en la que están los hechos delictivos y las periciales", que es la que iría por vía Penal.
Finalmente, ha recordado que hay "muchos afectados personados en la causa" y "muchos abogados" relacionados con ello, por lo que cree que al juicio pueden acudir "unas 300 personas" y cree que en sala "no van a caber".
