El empresario Miguel Rifá, que se enfrenta a 29 años y 11 meses de prisión por un presunto caso de alzamiento de bienes que ha sido valorado en 98.657.039,66 euros, ha sostenido este lunes que “nunca” ha “tenido un testaferro, ni cobradores necesarios”.
Así lo ha manifestado a preguntas de la fiscal Elena María Fernández, a la que ha trasladado que sólo tenía a “empleados de la compañía” o asesores externos, personas de “confianza” a las que se les asignó en distintos momentos la firma de diferentes operaciones.
Rifá, que al inicio de su declaración ha pedido disculpas por las posibles lagunas que pueda tener tras 10 años de “vicisitudes” y problemas médicos, ha ratificado sus declaraciones previas en sede judicial y reconocido que “controlaba” la totalidad de empresas de su grupo, excepto “un par”.
También ha sostenido que como empresario “no podía bajar a los detalles fiscales o de cotización”. “Para eso teníamos bastantes asesores fiscales que nos asesoraban”, ha dicho.
Sobre su presunto cómplice, Israel M.M., ha declarado que recibía retribuciones como asesor de su grupo, aunque “tenía muchos más clientes”.
También ha negado que crease una empresa para operar en Andorra, sino que en el interés por “expansionarse” tuvo la oportunidad de comprar unos terrenos en este país, dónde la “legislación era diferente”, algo que ha apuntado para justificar que no se registrasen los poderes otorgados a otra acusada en la causa.
Sobre su relación con otro de los acusados, ha sostenido que era el enlace en Portugal de un bufete de abogados de Madrid, mientras que otros de los imputados, ha mantenido, han trabajado con él durante décadas. “Recibían una retribución como independientes o bien eran empleados y estaban en nómina. Al final de todo, quien tomaba las decisiones era yo”, ha añadido.
Asimismo, ha explicado que cuando se decidió buscar financiación y vieron que no podían “continuar” debido a la falta de liquidez, en su grupo se dieron cuenta de que necesitaban un “inversor, comprador” o cualquier otra persona que pudiera salvar los puestos de los más de 400 trabajadores que tenía bajo su “responsabilidad”.
Por ello, a partir de una serie de “recomendaciones”, se optó por concentrar las empresas en un “sólo bloque”, para que cualquier inversor o comprador “pudiera encontrar con una sola operación todas las empresas”, algo que se hizo mediante transferencias de capital y aportaciones de de capital para agruparlas “de forma piramidal, para que el que se quedase la de arriba lo tuviese todo”.
“Con un solo papel, el inversor adquiría todo. Antes de eso hicimos que la sociedad final reconociera las participaciones. El pago de 40 millones. Si un señor se quedaba con la sociedad, tenía la obligación de pagar esos 40 millones”, ha abundado.
