Ésta es una de las medidas por las que apostará el PP tras las elecciones autonómicas y locales del próximo 22 de mayo, según el borrador del programa marco, cuyo contenido es aún provisional, aunque recoge los pilares sobre los que se levantará el ideario de los populares para esos comicios, y en gran medida, para las próximas elecciones generales.
A la espera de que las que direcciones del Partido Popular en cada comunidad autónoma haga las aportaciones que estime, la organización que lidera Mariano Rajoy tiene claro qué hacer en aquellas comunidades en las que gobierne.
Así lo exhibirá el próximo fin de semana en Palma de Mallorca, a donde acudirán la dirección nacional del partido y todos sus candidatos autonómicos para presentar el programa.
El borrador se divide en tres bloques, uno dedicado a políticas sociales que lleva por título "Lo primero, las personas"; otro dirigido a la economía, en el que el PP pone énfasis en la contención del gasto; y un último concebido para "redimensionar" las administraciones y modernizar su funcionamiento.
En éste es donde aparece la apuesta del PP por dejar en el "mínimo indispensable" la oferta de nuevas plazas de empleo público.
Lo hace, dice, porque, tras un análisis de los puestos de empleo público, conviene reajustar la plantilla de las administraciones de acuerdo con los criterios de "modernidad y eficiencia".
Hay muchas alusiones del PP a la necesidad de contener el gasto y de ganar en eficacia, y así, establecerá un marco de referencia para los salarios de los cargos políticos, de modo que se adapten al grado de sus responsabilidades.
También se comprometen los populares a reducir el número de puestos de confianza en la administración, a eliminar organismos públicos que alberguen dudas sobre su transparencia, a menguar el cuerpo de delegaciones territoriales, a racionalizar la presencia de las comunidades en el exterior y a bajar el desembolso en publicidad institucional.
El PP marcará techos de gasto y de endeudamiento, potenciará el control externo de las finanzas mediante un Tribunal de Cuentas con protagonismo creciente, reforzará el seguimiento del gasto para la compra de equipos y definirá el mecanismo de contratación de la administración: especialmente a través de la subasta.
Con la sombra de los ERE indebidos en Andalucía, aunque sin menciones a este caso, ni siquiera veladas, los populares prometen que vigilarán la circulación de los fondos destinados a impulsar el empleo, y por ello, habrá informes anuales en las Cortes Generales y en los Parlamentos autonómicos para constatar que no hay desvíos.
Asimismo, el PP abre la puerta al capital privado en el desarrollo de las infraestructuras y en la financiación de las televisiones autonómicas. No obstante, quiere revalorizar la universidad pública, pero en función de sus resultados académicos.
Precisamente en materia educativa el Partido Popular persigue un bachillerato de tres años, que el 30 por ciento del horario lectivo se dedique al inglés y que los alumnos que elijan seguir programas de cualificación personal, a partir de los 15 años, dispongan de becas-salarios.
En un recorrido por otros ámbitos, el PP promueve la vivienda de protección oficial (los ayuntamientos tendrán a disposición el 50 por ciento de su suelo para tal fin), pisos compartidos entre mayores y jóvenes y reducir el cupo de coches oficiales, en cuyo empeño podría fomentarse el uso de un mismo vehículo por distintas autoridades.
