Durante la presentación en el Parlamento del Informe Anual de la Oficina, Chamizo ha afirmado que se ha constatado "con tristeza" cómo durante el pasado año han aparecido "nuevos colectivos en riesgo de exclusión, dentro de sectores normalizados que a consecuencia de la pérdida de empleo se ven abocados a situaciones de vulneración, entrando en un círculo vicioso de difícil salida".
Junto a esta situación, ha destacado un "mayor debilitamiento del sistema de protección a la ciudadanía, limitado en número de ayudas e incremento de peticiones", por lo que ha pedido el "establecimiento de políticas que vengan a impedir la exclusión y el reforzamiento de las de inclusión social, sin olvidar las que tienen como objetivo prevenir situaciones graves en el actual momento".
El mayor número de quejas se ha registrado en el epígrafe "personal del sector público", donde están englobadas todas las relacionadas con las administraciones, que asciende a 1.186, seguido por materias como la educación -678-; aspectos medioambientales -524- y asuntos de salud -476 quejas-.
El mayor número de quejas procede de la provincia de Sevilla, con 1.876, seguida muy de lejos por Cádiz, con 753; Málaga, con 635; Granada, con 462; Córdoba, con 447; Huelva, con 287; Jaén, con 286; y la provincia de Almería, con 267 quejas.
Según Chamizo, la "expresión peor de la situación económica se traduce en problemas de numerosas familias que ven gravemente reducidos sus ingresos o pierden el empleo, cuya situación se agrava por las escasas posibilidades de encontrar alternativas de trabajo", en un momento en el que "algunas políticas sociales parecen peligrar y otras están en espera de un cambio de coyuntura económica".
Por ello ha pedido un impulso para la ley de inclusión social y ha incidido en "la necesidad de una nueva ley de servicios sociales que contemple mayor desarrollo", así como las "medidas necesarias para nivelar las actuales desigualdades sociales y garantizar una cobertura de mínimos".
Tras conocer los datos la portavoz de PP, Rosalía Espinosa, ha indicado que su grupo "agradece el trabajo del Defensor del Pueblo pero no le felicita", ya que opina que "sus informes arrojan muchos claroscuros" y que el Parlamento "no puede acceder a todas las recomendaciones que nacen de esta Oficina", por lo que "los grupos no han podido ayudar todo lo que nos habría gustado", ha señalado.
Ante estas críticas Chamizo ha preguntado a la diputada "si habla en su nombre o en el de su partido" puesto que esa opinión "difiere" de lo que le han transmitido otros representantes del PP, y ha acusado a Espinosa de querer "una institución partidaria y partidista", además de recalcar que "las recomendaciones más interesantes están incluidas en el informe anual".
Por su parte Ángel Javier Gallego (PSOE) ha agradecido que la Oficina del Defensor del Pueblo "haga bien su trabajo y vaya más allá del cumplimiento de su deber" y ha resaltado que "durante 25 años ha estado más atenta a la realidad de los ciudadanos que los propios grupos parlamentarios", además de felicitar a Chamizo por "explorar nuevos itinerarios a partir de quejas de oficio".
El diputado de IU Ignacio García ha compartido con el Defensor del Pueblo su "preocupación expresa" por la aplicación de la Ley de Dependencia, que "en vez de avanzar hacia el desarrollo de infraestructuras se deriva cada vez con más frecuencia a la utilización de ayudas para satisfacer problemas derivados de la crisis".
