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Jaén

Cruce de acusaciones a cuenta de la licitación de la cafetería de la Estación de Autobuses

El PSOE de Jaén pide un Consejo Extraordinario de Epassa y el concejal Antonio Losa defiende la legalidad de todo el proceso

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  • Estación de autobuses de Jaén.

La cafetería de la Estación de Autobuses de Jaén no se abrirá. Al menos, no antes de que se vislumbre el nuevo centro de ocio proyectado por el Ayuntamiento. Lo ha confirmado el concejal de Epassa, Antonio Losa, que ha ofrecido una rueda de prensa para desmontar "las falsedades" del PSOE sobre este caso.

Losa defiende que Epassa ha actuado con arreglo a la legalidad. Explica que en el Consejo de Administración del 11 de julio de 2023 se aprobó facultar al gerente para concertar contratos de arrendamiento, de los que debe dar cuenta posteriormente al consejo de administración de esta empresa pública. "Por lo tanto no es preceptiva la aprobación del consejo, al contrario de lo que sostiene Julio Millán", ha aclarado.

También ha precisado que el artículo 4.1 de la Ley de Contratos del Sector Público excluye el arrendamiento de su ámbito normativo. Y ha apostillado que Epassa anunció y publicó en su perfil del contratante la licitación de la cafetería. Además, ha aclarado que no ha obviado al al consejo de administración para adjudicar el contrato por una razón: "Como no se ha formalizado el contrato no ha habido dación de cuentas".

El PSOE, que ha comparecido apenas media hora después que Losa, forzará al PP a dar explicaciones en un Consejo Extraordinario de Epassa sobre el alquiler por 200 euros y reitera que "algo huele mal en este procedimiento". La edil socialista África Colomo reitera las sospechas del grupo sobre un proceso del que no se ha dado información ninguna en una sociedad obligada a cumplir la Ley de Contratos del Sector Público. Es más, advierte de que en la etapa del PSOE la Cámara de Cuentas emitió un informe demoledor sobre el descontrol en la contratación en la empresa en anteriores etapas.

El concejal socialista Francisco Lechuga, por su parte, hace hincapié en que el proceso está sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público y a la Ley de Patrimonio y denuncia que el PP no garantizó el secreto de las ofertas, no informó al Consejo de Administración y no estableció un límite de tiempo por el arrendamiento, de forma que quien se quedara con el local podía disponer de él indefinidamente.

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