La Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, establece que en un plazo de 3 años (que termina el 10 de abril de 2025), se debe instaurar de manera obligatoria una tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria que refleje el coste real de la recogida, gestión y tratamiento de la basura. El objetivo es pagar el coste real de la gestión y el Ayuntamiento de Jaén cumplió y se adaptó a la nueva normativa en octubre del año pasado.
Este debate ha salido este lunes a colación en el pleno a cuenta de la aprobación de una modificación de un crédito extraordinario de 1,2 millones para poder atender el gasto derivado de la aplicación de esta ley. Un punto que ha servido a Vox para hacer un alegato en contra lo que ha denominado como "tasazo" o "basurazo" del Gobierno central y el "radicalismo mediático". Al hilo de esta intervención, el concejal de Hacienda, Francisco Lechuga, ha anunciado que el Ayuntamiento trabaja en una nueva ordenanza municipal que premie a los jiennenses que reciclen.
"Será una tasa o una prestación patrimonial de carácter no tributario, según diga la ley", ha avanzado el edil, que explica que bonificará a quienes demuestren que han reciclado. Cumplirá, pues, con el principio de pago por generación. Esto hará que se minimicen los residuos que acaban en el vertedero.
Es ha sido uno de los puntos más novedosos de un pleno en el que se ha aprobado reactivar la Sociedad Municipal de la Vivienda (Somuvisa) y revertir el proceso de liquidación que se inició en abril del año pasado, de modo que pueda desarrollar políticas en esta materia.
En concreto, el pleno del Consistorio, constituido en junta general de accionistas de Somuvisa, ha adoptado esta decisión con el voto a favor del equipo de gobierno (PSOE-Jaén Merece Más) y el rechazo de PP y Vox.
La segunda teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, África Colomo, ha justificado la medida como "una cuestión de responsabilidad política" y con el objetivo de que pueda ser "una herramienta fundamental para desarrollar las políticas de vivienda que esta ciudad necesita".
El PP, por su parte, ha alertado de las "graves consecuencia"s económicas de revocar la liquidación de Somuvisa. La edil Carmen Colmenero recuerda que este mismo equipo de Gobierno fue el que llevó a Sociedad Municipal de la Vivienda "a la ruina", y que su decisión “supone seguir asumiendo gastos innecesarios y poner en riesgo aún más las cuentas municipales”.
Universidad y Enfermedades Raras
Por otro lado, el pleno, donde se ha guardado un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Velasco Gámez, Secretario General del Ayuntamiento, ha dado luz verde a una moción del PSOE para que el Ayuntamiento de Jaén se adhiera a la Plataforma ciudadana en Defensa de la Universidad de Jaén. Una moción que ha contado con el apoyo de todo el pleno, excepto de los concejales del Partido Popular. Se ha abstenido porque los socialistas no ha aceptado una enmienda complementaria y no excluyente en la que también se instaba al Gobierno de España a cumplir en materia de financiación.
Además, se ha dado lectura de una declaración institucional suscrita por todos los grupos políticos municipales y con la que se reafirma su compromiso con las personas que conviven con enfermedades raras. Dicha declaración ha sido leída por el alcalde de Jaén, Julio Millán, durante la celebración del pleno celebrado hoy en el Consistorio jiennense y que ha contado con la presencia de miembros de la Asociación ‘Más Visibles’ entre los que se encontraba su presidente, Pedro Lendínez.
En ella se recoge la responsabilidad, por parte del Gobierno local, de velar por un sistema sanitario “más justo y equitativo” e insta al resto de administraciones a garantizar el acceso equitativo al cribado neonatal ampliado en toda España; promover la creación de unidades de atención integral y multidisciplinar; asegurar la financiación y continuidad de la investigación en enfermedades raras; reducir los tiempos de diagnóstico y facilitar el acceso a pruebas genéticas en condiciones de equidad; garantizar el acceso a los tratamientos disponibles en Europa; fomentar la formación de profesionales sanitarios y sociales y mejorar la coordinación entre Sanidad y Servicios Sociales facilitando, así, el acceso a recursos de apoyo, discapacidad y dependencia en un tiempo razonable.
