La eliminación del servicio de taxi rural sanitario por parte de la Junta de Andalucía ha encendido las alarmas en 22 municipios de Sevilla. Este servicio, esencial para trasladar a pacientes de diálisis hasta el hospital Virgen del Rocío, ha sido sustituido por ambulancias colectivas que alargan los trayectos hasta 15 horas, deteriorando gravemente la calidad asistencial. La medida también pone en jaque el sustento de más de 400 taxistas autónomos y, según la Diputación y UPTA, supone un paso más en el desmantelamiento del mundo rural andaluz, donde la pérdida de servicios públicos está llevando al cierre de negocios y a la despoblación. Instituciones, asociaciones y alcaldes han alzado la voz y exigen a la Junta la restitución urgente de este servicio público, cuyo coste, en torno a medio millón de euros, consideran mínimo frente a su importancia.
“Esto no es sólo un recorte, es una agresión directa al corazón del mundo rural”. Así de contundente se ha mostrado Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla, tras la reunión mantenida este miércoles con Eduardo Abad, presidente de UPTA España, los alcaldes de 22 municipios afectados y representantes del sector del taxi rural. El encuentro, que también contó con la diputada María Encarnación Fuentes y la responsable de UPTA Andalucía, Inés Mazuela, ha cristalizado en un frente común contra la eliminación del servicio de taxi sanitario rural promovida por la Junta de Andalucía.
El servicio, que funcionaba desde hace años, garantizaba el traslado de pacientes, principalmente de diálisis, desde sus pueblos hasta el hospital Virgen del Rocío. Ahora, la alternativa es la ambulancia colectiva, un sistema que puede prolongar los trayectos hasta 15 horas en un solo día. “Una persona puede salir a las 8 de la mañana de su casa y no volver hasta las 10 de la noche”, denunció Fernández. “Esto es una absoluta barbaridad desde el punto de vista de la calidad sanitaria mínima que tiene que tener un paciente”.
Más allá del impacto en la salud, el cierre del servicio amenaza la subsistencia de cientos de autónomos. Y es que esta medida afecta directamente a unos 60 taxistas rurales, de los 400 que operan en Andalucía que, desde 2008, han vivido prácticamente de este servicio público esencial. “Lo peor es que cuando perdemos los taxistas en el ámbito rural, también quedan afectadas personas mayores que necesitan ir al médico y no tienen medios para desplazarse”, ha advertido Eduardo Abad. “Estamos hablando de unos 400 taxistas, muchos de los cuales viven casi exclusivamente de este trabajo”, explicó Abad. “Perder estos servicios es destruir actividad económica, es cerrar el mundo rural”.
El coste de mantener el servicio ronda el medio millón de euros anuales, una cifra que Fernández calificó de “ínfima” para el presupuesto de la Junta, pero con “consecuencias devastadoras” para los pueblos. “El desplazamiento es parte de la terapia”, recordó. El taxi rural, al ser más personal, asegura un traslado digno, directo y humano, que respeta los tiempos y la salud del paciente.
“Con esta decisión estamos creando andaluces de primera y de segunda”, sentenció Abad. “No se puede hablar de repoblar el campo mientras se desmantelan los servicios esenciales que lo hacen habitable”.
La Diputación ha mostrado su total disposición a colaborar con UPTA y los municipios para exigir la restitución del servicio y evitar lo que consideran un nuevo paso hacia la desertificación asistencial y económica del mundo rural sevillano.
