Tres mujeres han puesto rostro hoy, en una concentración ante el Ayuntamiento, al drama que sufren para acceder a una vivienda digna.
Resumidas en apenas cinco líneas en el cartel que han mostrado a los medios de comunicación y a la ciudadanía, Tamara Manzano recuerda que tiene hijas menores con las que no convive desde que fue desahuciada de un piso de Procasa ocupado ilegalmente en Guillén Moreno el 1 de abril “porque duerme de casa en casa” de familiares y amigos.
Lorena Peña tiene el colchón que comparte con su marido en un trastero tras tener que abandonar dos viviendas, una de ellas también de la empresa pública municipal, y tampoco puede hacer una vida normal con sus pequeñas, que le dicen que prefieren estar en la calle, pero junto a sus padres.
Khaola ben Kassem denuncia que sus cuatro hijos menores soportan ratas, cucarachas, riesgos de desprendimientos en la infravivienda que comparten en Javier de Burgos, 19, con otras cuatro familias, y “una mentira nueva cada día” de las administraciones. Ni la Sareb, propietaria de la finca, ni el Ayuntamiento, le garantizan el realojo mientras el inmueble se somete a rehabilitación.
El portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) en Cádiz, Miguel de Frutos, pide al Gobierno local “que haga vivienda para alquiler social” para dar solución a estas tres mujeres, “por una cuestión de humanidad”, y evitar el éxodo masivo de jóvenes, porque con su marcha, alerta, “se pierden servicios”.
“La asociación pone carteles en cada solar donde se puede construir vivienda pública para alquiler social asequible, pero el Ayuntamiento está con la construcción de viviendas en renta libre”, lamenta, para cargar contra Bruno García.
“No es el alcalde más social”, sostiene, “todo lo contrario, porque ni construye viviendas nuevas, todas son (proyectadas) por el Gobierno anterior, y hasta baldea a las personas sin hogar”.
