Las comunidades autónomas de Extremadura y Galicia han mostrado su rechazo a "cualquier tipo de financiación privilegiada" y han advertido este viernes que no van "aceptar jamás acuerdos bilaterales que lo que hagan sea saquear la caja común", así como "pisotean el principio de igualdad entre todos los españoles".
Ambas regiones también han mostrado su rechazo a la condonación de la deuda que quiere aprobar el Gobierno de Sánchez a Cataluña, que es "producto también de otra extorsión separatista", ya que "no es condonación, es una condena a pagar entre todos una deuda que está provocada por el despilfarro del independentismo".
Así se recoge en una declaración institucional que han firmado este viernes la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en un encuentro entre ambos gobierno celebrado en Mérida.
Un encuentro institucional entre ambos gobierno que se produce tras una semana "lamentablemente histórica" porque el Gobierno "ha vuelto a dar otro impulso a ese plan separatista para que Sánchez permanezca en Moncloa", ha señalado María Guardiola, quien ha reafirmado permitir que Cataluña recaude y gestione impuestos que a día de hoy son de titularidad y competencia estatal, pues "desde luego no es un peaje", sino que es "una traición y es una discriminación manifiesta".
Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia ha considerado que la financiación singular para Cataluña, que "es un eufemismo para no decir la palabra cupo, se generalizase", supondría "un quebrantamiento absoluto del principio de igualdad básica entre territorios", así como "de garantía de prestación de los servicios fundamentales en todo el territorio de España, del que a día de hoy todos formamos parte", ha dicho.
"VIGENCIA" DE LA DECLARACIÓN DE SANTIAGO
Así, ambos han reafirmado la vigencia de la declaración de Santiago, que Galicia y Extremadura rubricaron junto a los gobiernos de Cantabria, de Asturias, de La Rioja, de Castilla y de Aragón, en el año 2021, en el que "ya se reclamaba como un bloque común un reparto más justo y más equilibrado" de la financiación autonómica.
Una financiación que "sigue siendo necesaria para la prestación de unos servicios públicos que son mucho más costosos" en comunidades autónomas "eminentemente rurales", como Galicia y Extremadura y "con poblaciones envejecidas y dispersas", ha explicado Guardiola.
En este sentido, la presidenta extremeña ha reafirmado "la obligación de prestar los mismos servicios en todas las comunidades autónomas", pero ha considerado "evidente" que no todas las regiones parten de las mismas condiciones, de ahí el rechazo a "cualquier tipo de financiación privilegiada", ha resaltado.
Desde Extremadura, la presidenta de la Junta ha señalado que lleva dos años reclamando "suficiencia financiera y la igualdad" de la región: "Nosotros no queremos privilegios, lo que pedimos es aquello que nos corresponde", que tendría que "materializarse en esa reforma de un sistema de financiación que ya está obsoleto", ha reivindicado Guardiola.
Sin embargo, ha lamentado que el Gobierno central "no solo está discriminando a nuestras comunidades autónomas en materia de financiación", sino que también las está "castigando cerrando el grifo de las inversiones en materia de infraestructuras", ha resaltado.
RUEDA HABLA DE "GOLPE DEMOLEDOR"
El presidente gallego ha coincidido en que la Declaración de Santiago supone un "punto de partida perfecto" para comenzar una negociación sobre la reforma de la financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, "que es donde hay que hacer las cosas", ha reafirmado.
Según los cálculos de expertos aportados por Rueda, el "cupo catalán" le supondría a Galicia una "merma anual en torno a los 800, 600 o 700 millones de euros", mientras que si ese sistema se generalizase, "que es a lo que está invitando el Gobierno central, a la comunidad gallega "le supondría un impacto de no menos de 2.500 millones de euros y supongo que los números serían muy parecidos en Extremadura".
Frente a ello, "la unión hace la fuerza", de ahí la necesidad de "unir las voces" de comunidades como Galicia y Extremadura, para alertar de que esto "sería un golpe demoledor a la capacidad de prestación de servicios" a los ciudadanos, y "contra la unidad económica, que es parte de la unidad de nuestro país".
A juicio de Rueda, "es algo que no tendría vuelta atrás" y que se hace "exclusivamente" y a estas alturas "nadie puede dudar", porque "al presidente del Gobierno le interesa seguir teniendo el apoyo para poder seguir siendo eso, el presidente del Gobierno", algo que "no puede hacerlo a costa de los intereses de los gallegos y de los extremeños y de otras muchas comunidades autónomas", ha apuntado.
Rueda ha señalado que cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades y unas necesidades específicas de financiación, pero al final coinciden "en lo fundamental, que es pedir que no se quiebre un principio sagrado, que es la igualdad económica y la solidaridad entre territorios", y sobre todo "cuando se está haciendo por la supervivencia personal de una sola persona que es el presidente del Gobierno", ha apuntado.
Finalmente, el presidente de la Xunta de Galicia ha criticado la "falta de transparencia" y la "ambigüedad calculada" en lo que realmente se ha firmado entre el Gobierno y Cataluña, que el resto de comunidades necesitan "saber exactamente lo que se ha acordado o lo que quieren acordar más bien y, en función de eso, reaccionar", ha concluido.
