Agentes de la Policía Nacional han detenido en Córdoba, Jaén y Sevilla a siete personas como presuntos responsables de delitos de pertenencia a grupo criminal, contra el patrimonio histórico, blanqueo de capitales y contrabando, por la venta de objetos arqueológicos procedentes de expolio, la exportación de gran parte de ellos sin las autorizaciones de exportación oportunas y el blanqueo de los beneficios obtenidos por su venta.
Las investigaciones comenzaron en marzo de 2023, cuando los agentes comprobaron que una empresa dedicada a la compraventa de numismática por Internet tenía tienda en varios portales de venta online, donde se vendía gran cantidad de monedas de origen arqueológico. Muchas de estas monedas conservaban aún restos de tierra adheridos, lo que indicaba una extracción relativamente reciente y, por tanto, el expolio de algún yacimiento arqueológico. Estos hechos constituyen un delito contra el patrimonio histórico, recogido en el artículo 323 del Código Penal.
Las gestiones policiales permitieron identificar a los responsables de la empresa en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe y revelaron que muchas de las ventas se habían realizado a personas residentes en otros países, como Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Italia, Países Bajos, Grecia, Alemania, Portugal, Reino Unido, Polonia y Japón, entre otros. Los ingresos obtenidos por estas transacciones superaban el medio millón de euros en los últimos cinco años.
Por este motivo, los investigadores pidieron información al Ministerio de Cultura acerca de los permisos de exportación solicitados por dicha empresa o por sus responsables, requisito obligatorio para la salida del territorio español de bienes culturales de más de cien años de antigüedad. El resultado fue que no habían solicitado ningún permiso para la exportación de las monedas, lo que constituye un delito de contrabando.
Tres registros en domicilios de manera simultánea
En la explotación operativa, los agentes practicaron de manera simultánea tres registros en los domicilios de los investigados en Mairena del Aljarafe, Linares y Lucena, contando con la ayuda de tres arqueólogos proporcionados por la Junta de Andalucía.
En ellos se intervino alrededor de 3.200 objetos arqueológicos, en su mayoría monedas de diferentes épocas, fíbulas, lucernas, puntas de flecha, una jarra de vidrio de época romana sin limpiar, figuras de bronce, balas de honda romana, un fragmento de inscripción romana en bronce perteneciente a un documento jurídico de los siglos I-IV y 37.625 euros, entre otros efectos, así como dispositivos electrónicos y diversa documentación.
En ese momento se procedió a la detención de todos los investigados: los dos responsables de la numismática, su empleada y las parejas encargadas de las ventas en Linares y Lucena.
El análisis de la documentación y los dispositivos incautados en los registros efectuados han permitido confirmar que todos los implicados eran conocedores del carácter ilegal de las piezas que comercializaban, y han permitido la ampliación de datos sobre el modus operandi utilizado por los detenidos, los diferentes canales por los que obtenían y suministraban los objetos arqueológicos y los métodos de pago utilizados.
Los compradores de piezas arqueológicas, a la hora de hacer los pagos, les indicaban que en el concepto pusieran palabras como "regalo", al objeto de que no constara que se trataba de arqueología.
Las piezas arqueológicas fueron depositadas en el Museo Arqueológico de Sevilla para su estudio por parte de los técnicos y para la emisión del correspondiente informe técnico.
Las conclusiones de este informe establecen que constituyen bienes del patrimonio arqueológico, abarcando una cronología que va desde la Edad del Cobre hasta la Contemporánea, presentando la mayoría de ellas concreciones y evidencias propias de una extracción reciente. Tal acumulación de piezas solo podía tener su origen en un expolio sistemático mediante la utilización de detectores de metales.
Algunos objetos presentan tan buen estado de conservación que permite asegurar que han sido extraídos de un contexto cerrado, es decir, del expolio de un yacimiento arqueológico desconocido.
A través de las ventas realizadas de manera continuada, los detenidos han obtenido importantes beneficios económicos. Estos ingresos les permitían disfrutar de un nivel de vida por encima de las posibilidades derivadas de las actividades laborales que realizaban legalmente, ya que alguno de los miembros no tenían trabajo remunerado y otros trabajaban de manera intermitente, con contratos cortos y salarios muy contenidos.
En total, se les ha intervenido más de 3.000 piezas de arqueología (monedas, puntas de flecha, fíbulas, figuras y una vasija de vidrio, entre otros), 73 monedas de plata, 37.625 euros en efectivo, tres teléfonos móviles, tres ordenadores y 22 dispositivos de almacenamiento.
