La subida del IPC en el mes de julio adelantado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el que éste se sitúa cuatro décimas por delante del mismo dato del mes anterior, alcanzando el 2,7 %, supone un nuevo motivo que, desde UGT Córdoba entienden que "debe traer consecuencias en las subidas salariales de las personas trabajadoras". Por su parte, la tasa subyacente, que elimina los alimentos frescos y los productos energéticos, aumenta una décima respecto al mes anterior, alcanzando el 2,3 %, alejando levemente los objetivos de inflación marcados por el Banco Central Europeo del 2 %.
Según las cifras aportadas, el arrastre de los precios derivados del comienzo del periodo turístico, con la subida de las carburantes y las energías. Precisamente, en este sentido, apuntan desde UGT, "cabe presentar la alarma sobre la volatilidad de los precios debido a incertidumbres económicas y de estabilidad y paz a nivel mundial".
No se puede olvidar, dicen desde el sindicato, en este balance de cifras, las consecuencias que se derivarán de "la subida de aranceles pactada por la Unión Europea con el gobierno estadounidense de Donald Trump que influirán negativamente con nuevas e inmediatas subidas de precios".
Uno de los elementos que la organización sindical considera más alarmantes es el precio de la vivienda, algo que, según han señalado, "hoy en día, pocas personas trabajadoras pueden asumir, al menos sin suponer un recorte de sus salarios que condiciona en absoluto no sólo su calidad de vida y su nivel de gasto, sino hasta la posibilidad de plantearse tener hijos por el alto coste no asumible que podría generarles". Esta situación, han añadido, es especialmente grave en el caso de los jóvenes.
Por todo esto, desde UGT Córdoba no sólo "llaman a la prudencia", sino también a "la seria consideración de la patronal sobre la necesidad de incrementar los salarios para hacerlos compatibles con una vida digna de las personas trabajadoras y con el derecho básico y universal del acceso a una vivienda digna" sin que esto constituya "un impedimento para el desarrollo de una vida personal y salarial plena en la que el acceso a los alimentos, la salud y los servicios sea una realidad que repercuta en una provincia digna de los recursos humanos y naturales que hacen de ella el mejor de los lugares para vivir de nuestro país".
