La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha hecho pública una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos en la que se hace constar que la residencia de mayores de Jerez de la Frontera (Cádiz), propiedad de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social andaluza, infringía la ley por una serie de irregularidades detectadas en su sistema de videovigilancia.
Fue el propio sindicato quien interpuso una denuncia ante la residencia al comprobar que "las cámaras de seguridad grababan imágenes de personas y trabajadores del centro sin que éstos fueran informados al respecto".
Entre las "irregularidades" cometidas en la residencia también se destaca que el centro no había notificado a la Agencia Española de Protección de Datos su intención de crear un fichero de videovigilancia.
Al mismo tiempo, se detecta la ausencia de carteles informativos en los que se indique la presencia de cámaras y de la dirección a la que deben acudir las personas para el ejercicio de sus derechos. Según señala el sindicato, también quedó demostrado que algunas de las cámaras se encontraban captando áreas del exterior de la residencia, y por tanto, se graban espacios que no debían ser grabados, pues corresponden a la vía pública.
Dicho sistema de vigilancia fue instalado hace 15 años y no existe contrato con la empresa instaladora, pues en su momento solo se pagó la factura de la instalación.
Según ha indicado CSIF, La Agencia Española de Protección de Datos ha señalado que pondrá el asunto en conocimiento de la Defensora del Pueblo, si bien no obligará al centro a tomar medidas, puesto que ya fueron corregidos los errores cuando se presentó la denuncia.
Para CSIF, esta situación "no es sino otro ejemplo de cómo se hacen las cosas en los organismos dependientes de la Junta de Andalucía, siempre a salto de mata y sin importar los incumplimientos de las leyes".
