El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu atribuye a las organizaciones mafiosas desarticuladas en la denominada "Operación Emperador" los delitos de prostitución y tráfico de drogas además de los genéricos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, según se desprende de los autos en los que el juez acuerda las medidas cautelares contra los implicados a los que ya ha tomado declaración.
Según los investigadores, el dinero sacado fuera de España por esta organización procedería principalmente del fraude fiscal o el contrabando, si bien en menor medida tendría su origen en actividades del crimen organizado vinculadas con delitos contra la propiedad intelectual e intelectual, tráfico de seres humanos y de drogas. La prostitución se ejercía en locales que aparentemente eran karaokes.
La instrucción del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 pone de manifiesto que, para lograr sus fines, la organización obtenía trato de favor por parte de policías locales de Fuenlabrada y Leganés, en Madrid, donde están ubicados los negocios comerciales de productos chinos.
Los integrantes de la organización se reunían, entre otros lugares, en un karaoke de Leganés llamado Shangrilá donde en una ocasión se registró incluso un incidente cuando la Policía acudió al lugar y quiso hacer algunas identificaciones.
En otro karaoke, de nombre Huam Ma, se ejercía la prostitución y también se utilizaba esta actividad y el tráfico de sustancias ilegales el llamado "club TV Huang Ma", donde eran habituales las peleas y agresiones con arma blanca.
La organización también contaba con contactos en la Brigada V de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía y en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, en clara alusión, aunque sin citarle, al concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada detenido en la Operción José Borrás.
INMIGRACIÓN ILEGAL
En relación con la explotación de trabajadores chinos y la inmigración ilegal, la instrucción señala una gestoría situada en las inmediaciones de la Gran Vía de Madrid, que se dedicaba a la regularización de estas personas, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press.
El dinero cobrado a los ciudadanos chinos que querían regularizar su situación en España era de entre 16.000 y 18.000 euros, aunque también podían optar por trabajar entre 2 y 3 años de forma gratuita para Gao Ping, según señala la investigación de la Audiencia Nacional.
Para facilitar esta tarea se sospecha de la colaboración de algún funcionario de la Embajada Española en Pekín. Dicho funcionario estaría cobrando cantidades importantes de dinero, que la investigación aún no cuantifica, a cambio de expedir visados.
Para los préstamos, operaría el denominado "grupo de Shandong, dedicados a los cobros de préstamos utilizando la violencia si fuera necesario. También utilizaban el mecanismo de los matrimonios concertados con Españoles para obtener la citada regularización.
CAUTELAS PARA EL ENVIO DE DINERO A CHINA
Sobre el envío de dinero a China, además de utilizar correos que directamente viajaban hasta oriente o la denominada "compensación" (mediante la entrega de efectivo a españoles con cuentas en paraísos fiscales que remitían la misma cantidad a la red en China), la organización lograba eludir la Ley de Prevención de Blanqueo mediante el uso de pasaportes falsos.
Los envíos se realizaban a nombre de las personas físicas que aparecían en los mismos, cuidándose de que no se superaran en cada caso los 3.000 euros. Eran prevenidos, esperaban unos 90 días antes de realizar un nuevo envío con los mismos documentos.
Para la obtención del dinero en efectivo a entregar en billetes pequeños la organización contaba con los denominados por el juez "donantes", generalmente empresarios un un gran volumen de negocio. Los denominados "receptores", generalmente españoles con dinero en paraísos fiscales, son los que remitían a China diversas cantidades a cambio de líquido, evitando el control de la Agencia Tributaria.
CON LA VISTA EN REINO UNIDO
Además, se estarían gestionando nuevas estructuras para dar salida a las grandes cantidades de dinero que la organización no podía canalizar por estas vías en otros lugares, como Reino Unido.
El resto de delitos investigados inicialmente en esta causa son los de falsificación documental, contra la Hacienda Pública, amenazas, extorsión, contra los derechos de los trabajadores, contrabando, cohecho, y contra la propiedad intelectual e industrial.
Los miembros de la organización rehuían comunicarse por teléfono, ysegún la investigación realizada hasta ahora, utilizaban códigos secretos para hablar de los envíos de dinero.
