El Ayuntamiento de Málaga ha ordenado el desalojo cautelar del inmueble situado en la calle Curadero, número 6, y propiedad de la Junta de Andalucía, por no reunir las condiciones de estabilidad y salubridad necesarias, según ha informado este martes el delegado municipal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado.
Durante las últimas visitas se ha constatado que el estado que presenta el edificio en la actualidad no permite garantizar la seguridad de sus habitantes, dada la amplitud y gravedad de sus patologías.
Asimismo, se ha ordenado a la propiedad del inmueble, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), dependiente de la Junta, que, como medida cautelar y de forma inmediata, proceda a realizar distintas actuaciones, como el repaso de fachada y cubiertas con retirada o adecuada fijación de elementos sueltos susceptibles de desprenderse a la vía pública o colindantes, y la clausura de todas las posibles vías de acceso para impedir la entrada de personas.
También se le ha demandado que realice una vigilancia técnica del edificio para evitar situaciones de riesgo, tanto a la vía pública como a edificios colindantes, mientras no se proceda a su rehabilitación.
Como ha resaltado Maldonado en un comunicado, en 2008, 2010 y 2012 ya se advirtió a la propiedad de la situación del inmueble, aconsejándole que se procediera al realojo de los inquilinos.
De hecho, el pasado mes de noviembre la propia EPSA ya procedió al realojo de un inquilino de este inmueble. "Informamos ayer telefónicamente a EPSA y hoy ha recibido la notificación de la orden, y también ha sido enviada la información a las personas que habitan el edificio", ha declarado el delegado municipal.
INQUILINOS
Además, ha hecho hincapié en que es "prioritario" que proceda de inmediato al realojo de los 13 inquilinos, en cumplimiento a lo estipulado en el convenio firmado entre la Junta y el Ayuntamiento en relación con las áreas de rehabilitación concertada del centro histórico, al ser EPSA la propietaria del inmueble.
El edificio fue declarado en situación legal de ruina mediante sentencia judicial en noviembre de 2005. Se encuentra incluido dentro de las áreas de rehabilitación concertada del Pepri-Centro y, tras el oportuno trámite expropiatorio, pasó a titularidad de EPSA.
