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Cádiz

Subdelegación cifra en 311.100€ los daños causados en 11 meses manifestaciones no autorizadas

"Eso es lo que ha costado a los gaditanos las manifestaciones con desórdenes públicos y destrozos de bienes públicos", destaca el subdelegado

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  • Protestas en el puente -

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ha cuantificado en 311.158 euros los daños causados en la Bahía gaditana por "actos vandálicos" cometidos en manifestaciones no autorizadas entre el 21 de mayo de 2012 y el pasado 25 de abril, cuando los trabajadores del astillero de Puerto Real causaron destrozos en el puente José León de Carranza.

   En rueda de prensa, De Torre ha subrayado que "eso es lo que ha costado a los gaditanos las manifestaciones con desórdenes públicos y destrozos de bienes públicos", destacando los 150.000 euros que costó la reparación del pórtico y señalización del citado puente en una movilización anterior.

   También se ha referido a los daños en carreteras de la Bahía el pasado 25 de febrero por valor de 11.315 euros, a deterioros por 93.965 euros en la zona militar de San Fernando el 27 de febrero y el 5 de marzo, y más daños por 22.754 euros causados también en el puente el pasado 31 de enero que se suman a los 33.121 de la pasada semana.

   Preguntado sobre la posibilidad de recuperar ese dinero, De Torre explica que es "complejo" pese a que la Policía Nacional abre diligencias en cada caso para intentar identificar a los responsables de esos daños, tarea que se ve dificultada por la frecuente utilización de "pasamontañas" por parte de quienes los perpetran.

PUENTE REPARADO

   Por su parte, la subjefa de la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz, María Engracia Fortes, ha confirmado que el puente José León de Carranza se encuentra perfectamente operativo desde las 20,30 horas de este sábado, cuando culminaron las tareas de reparación de los destrozos ocasionados el pasado día 25, consistentes fundamentalmente en "incendio de arquetas y cables" que inutilizaron el carril reversible.

   Fortes confía en "no tener que volver a hablar más de este tema", puesto que se trata de un coste que "no es del bolsillo de la Dirección General de Tráfico" y, por tanto, repercute en el bolsillo de los ciudadanos.

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