La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha mantenido esta tarde en Jerez un encuentro con trabajadoras de los Servicios Sociales Comunitarios de municipios de menos de 20.000 habitantes para establecer líneas de colaboración con vistas al mantenimiento de este tipo de políticas en esos pueblos, cuya prestación está “gravemente amenazada” como consecuencia de la reforma de la Administración Local impulsada por el Gobierno del PP.
En esa reunión del trabajo, en la que han participado igualmente alcaldes, alcaldesas y portavoces municipales socialistas, diputados y diputadas provinciales, así como el delegado territorial de Salud y Bienestar Social, Ángel Acuña, se ha acordado la presentación de diversas iniciativas en los distintos ámbitos institucionales con objeto de garantizar el mantenimiento de los Servicios Sociales Comunitarios en el ámbito municipal y especialmente en las localidades más pequeñas.
Irene García, secretaria general y portavoz del Grupo Socialista de la Diputación, ha anunciado la presentación de una propuesta al Pleno de la Corporación provincial de pasado mañana miércoles en la que se exige la “paralización de la propuesta de reforma de la Administración local llevada a cabo por el Gobierno de la Nación en tanto en cuanto perjudica la aplicación de los servicios sociales a los ciudadanos en igualdad de condiciones, al establecer una clara discriminación a quienes viven en los municipios de menor población, De hecho, es toda una amenaza frente a la que sentimos que debemos reaccionar, asumiendo su defensa”.
El PSOE de Cádiz va a desarrollar toda una batería de actuaciones en los plenos municipales en contra de una reforma de la Administración que, de prosperar con su actual contenido, “va a provocar que en las localidades menores de 20.000 habitantes se dejen de prestar los servicios sociales, causando la desatención de los vecinos y vecinas en materias como ayuda a domicilio, trabajo con familias, prevención comunitaria, ayuda a menores y mujeres que se encuentran en situación de desprotección…”.
Irene García ha destacado que “la reforma de la Administración Local que pretende llevar a cabo el Gobierno central del PP va a retirar las competencias que en materia de asuntos sociales han ostentado los ayuntamientos durante los últimos treinta años, a lo largo de los cuales han cumplido muy satisfactoriamente el propósito de ayudar al más desfavorecido como Administración más cercana al ciudadano”.
A partir de la puesta en marcha de esta reforma, esa situación “variará drásticamente y los municipios se verán obligados a ser meros informadores de las situaciones de necesidad de sus vecinos y vecinas. Y, en el mejor de los casos, se convertirán en simples derivadores a organismos superiores, perdiendo su actual protagonismo y eficacia en la prestación de estos servicios”.
“El sistema de atención que viene funcionando hasta ahora está basado en la proximidad a la ciudadanía, lo que nos ha permitido contar con una red capaz de dar respuesta en condiciones de igualdad con independencia del territorio en el que se viva en cada caso”, ha añadido Irene García, para destacar igualmente que “la reforma de la Administración local que quiere el PP provocará que se acabe con el principio de proximidad a la hora de realizar la prestación de servicios sociales. Y esto se traducirá en una evidente pérdida de eficacia y en la consiguiente desatención para amplias capas de nuestra sociedad, justamente las que más precisan de estos mecanismos en esta situación de crisis”.
