El Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga ha acordado suspender hasta octubre el juicio previsto para este jueves contra el alcalde de la localidad malagueña de Tolox, Juan Vera (Convergencia Andaluza), y otros acusados de delitos urbanísticos, tras solicitarlo las defensas alegando distintos motivos. Así, la nueva fecha prevista es el día 10 de dicho mes.
En esta causa se investigaron siete hechos. Al regidor se le acusa de cuatro delitos contra la ordenación del territorio y de siete de prevaricación urbanística por autorizar obras de viviendas en terreno no urbanizable cuando se pidió permiso para almacén, así como reforma de edificaciones "inexistentes" en el periodo 2003-2004. Además, están acusados algunos solicitantes de licencias, la mayoría de ellos extranjeros.
Así, el magistrado ha acordado aplazar el juicio, en primer lugar, con el fin de resolver mediante un auto la cuestión de prescripción alegada por una de las defensas, petición a la que se han adherido las demás. Asimismo, también ha decidido la suspensión de la vista oral porque dos de los acusados, que están en busca y captura, y un letrado no han comparecido.
La Fiscalía se ha opuesto a la suspensión, al alegar, en contra de lo manifestado por los letrados, que la prescripción se puede resolver en sentencia y que el juicio se podía celebrar para el resto de los acusados, haciendo una pieza separada respecto a los hechos que afectan a estos procesados, pero el juez ha puntualizado que esto no es posible porque no está decretada la rebeldía de los mismos.
Al margen de la suspensión, las defensas han solicitado que la causa fuera devuelta al juzgado de instrucción ya que la Fiscalía había acusado a un concejal por un delito de prevaricación urbanística cuando el juzgado había decretado previamente el sobreseimiento. Esta petición ha sido rechazada por el magistrado tras retirar el fiscal la acusación respecto a este procesado.
También se había pedido la devolución del caso al juzgado por haberse acusado al regidor de un delito de prevaricación urbanística sobre el que el instructor decía en un auto que no había indicios, por lo que la defensa de Vera ha alegado que existe nulidad. A esta solicitud se han sumado el resto de abogados, pidiendo que, al menos, se suspendiera la vista para que el fiscal rehiciera su escrito.
El representante del ministerio público se ha opuesto a la nulidad de actuaciones, al señalar que las defensas han tenido cuatro años para plantear el error en la acusación del concejal y en la del alcalde. Al respecto, el juez ha coincidido con el fiscal y ha rechazado acordar devolver la causa al juzgado, por cuanto esa nulidad se debió plantear con un recurso en su momento y no se hizo.
La Fiscalía solicita para el regidor de Tolox un año de prisión y 10 de inhabilitación por cada delito de prevaricación urbanística y nueve meses o un año de cárcel, según los casos, además de multa, por los delitos contra la ordenación del territorio, aunque se señala que sería de aplicación el artículo 76 del Código Penal, que alude al cumplimiento del triple de la pena máxima.
En el primero de los casos relatados por el fiscal, se indica que el regidor autorizó al día siguiente de solicitarlo una de las acusadas, administradora de una inmobiliaria, la licencia para la reforma de una vivienda "inexistente" en suelo no urbanizable. El proyecto técnico y la ejecución de la construcción se encargó por dicha acusada a una arquitecta técnica, también procesada.
La acusación pública sostiene que el regidor dictó la resolución a favor de la solicitante, que era su amiga, "a sabiendas de su injusticia" y con informe desfavorable de la secretaria del Ayuntamiento. La responsable de la inmobiliaria vendió la finca a un matrimonio extranjero, realizándose, presuntamente, una construcción de una vivienda unifamiliar con piscina.
La denuncia por la edificación fue trasladada al Ayuntamiento "sin que el alcalde ordenara inspección alguna ni abriera expediente sancionador de restablecimiento de la legalidad urbanística", sino que, al contrario, "admitió una nueva solicitud de licencia para un almacén de aperos, según se pone de manifiesto en dicha calificación provisional.
En otros hechos relatados en el escrito inicial del fiscal, supuestamente el regidor otorgó escritura de segregación y venta de partes de una finca de su propiedad a extranjeros, encargándose la construcción y la obtención de los permisos a la administradora de la inmobiliaria, quien a su vez contrató la parte técnica a la mencionada arquitecta.
La Fiscalía señala que el alcalde dio en algún caso licencia para reforma de casas "inexistentes" y en otros para un almacén o alberca, construyéndose, además, una vivienda unifamiliar; "sin que en ningún momento denunciara o iniciara expediente administrativo". En un caso, es Vera el que pide y obtiene el permiso, concedido por el teniente de alcalde que está acusado.
