El tiempo en: Jaén
Publicidad Ai
Publicidad Ai

Jaén

La 'Asamblea de la UJA en defensa de una universidad pública' condena las multas a estudiantes por la huelga del 9M

Solicita la dimisión del subdelegado del Gobierno, Juan Lillo

Publicidad AiPublicidad Ai
Publicidad AiPublicidad AiPublicidad AiPublicidad Ai
Publicidad Ai
Publicidad Ai
Publicidad AiPublicidad Ai

La 'Asamblea de la Universidad de Jaén (UJA) en defensa de una universidad pública' ha condenado, en la primera reunión celebrada tras el inicio del curso, las multas remitidas desde la Subdelegación del Gobierno a estudiantes que se concentraron en las proximidades de la comisaría de la Policía Nacional de la capital en el marco de la huelga del sector de la enseñanza que se desarrolló el pasado 9 de mayo contra la reforma educativa del Gobierno central y los "recortes" en la materia.

   En una nota, el colectivo ha cifrado en 19 el número de jóvenes sancionados hasta la fecha por estos hechos; en concreto, por la concentración organizada para "pedir la puesta en libertad de un compañero que había sido detenido durante la manifestación" convocada con motivo de la jornada de huelga en Jaén.

   Igualmente, la asamblea ha vuelto a pedir la "dimisión inmediata" del subdelegado del Gobierno, Juan Lillo, y ha tachado de "injusta y arbitraria" esta "oleada de multas", que, según este colectivo, se ha aplicado "con evidente mala intención".

   Y es que, según la asamblea, "no han sido multados todos los participantes en dicha concentración ante la comisaría" --entre quienes, según han apostillado, figuraban profesores y miembros del Personal de Administración de Servicios (PAS) de la UJA--, sino que los sancionados han sido "precisamente los más vulnerables"; en concreto, "jóvenes, entre ellos, estudiantes de la UJA que carecen en muchos casos de recursos económicos propios".

   Además, este colectivo ha asegurado que "dichas denuncias, que han acabado en multas, se han impuesto sin que previamente se hubiera solicitado la identificación a las personas sancionadas", y tras ellas ha atribuido a la Subdelegación "un intento de criminalización del ejercicio de los derechos civiles fundamentales para así disuadir a la ciudadanía de participar en futuros actos de protesta".

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN