El pasado día 3 de diciembre se presentó, con un importante impacto mediático, el último informe PISA, elaborado por la OCDE, correspondiente a los datos recogidos en el año 2012. Se trata de un estudio en el que se comparan los resultados de estudiantes de 15 años, valorando sus conocimientos sobre matemáticas, comprensión lectora y ciencias. Desde 2003 los resultados en matemáticas de los alumnos españoles -25.000 en esta ocasión, un 6,7% de los estudiantes de 15 años- se han mantenido estables dentro de su insuficiencia (484 puntos, ocho menos que la media de la OCDE y el puesto 33 entre 65 países). En comprensión lectora se ha mejorado, recuperando el nivel del año 2000, ya que se consiguen 488 puntos (15 menos que la media). Mientras que en ciencias se ha subido (496 puntos, ocho más que en 2009), aunque estos resultados siguen quedando por debajo de la media de la OCDE (501 puntos).
El estudio incorpora la influencia en el aprendizaje del estatus económico, social y cultural de las familias, de manera que se constata que en España este factor es cada vez mayor. Esto comporta que las comunidades autónomas españolas con más PIB per cápita están mejor situadas en los resultados, incluso por encima del promedio de la OCDE. España continúa con un nivel alto en equidad (diferencias entre los alumnos de mayor y menor renta familiar) aunque ha bajado respecto a evaluaciones anteriores.
En clave interior, las diferencias entre las comunidades del norte de la Península y las del sur son significativas. Las autonomías con mejores resultados son Navarra, País Vasco, Madrid y Castilla y León. En Andalucía, cuyos datos señalan que únicamente supera a Extremadura y Murcia, la inversión por alumno es de 5.311 euros, la más baja, frente a una media de 6.433. Sin embargo, el esfuerzo andaluz en educación es de los mayores de toda España (un 4,89% de la inversión en 2010), pero con un PIB menor y más alumnos (1,8 millones de estudiantes no universitarios, frente a Castilla y León, por ejemplo, que tiene 360.000). Además, la educación pública está sufriendo importantes recortes en los presupuestos de las escuelas y universidades de todas las autonomías. Castilla y León en 2014 tendrá 452 millones menos (-20%) que en 2010; Andalucía, 913 millones menos (-12%). El ministerio de Educación ha recortado más de 942 millones de euros desde 2010, un 30%.
El Informe PISA resalta la evolución de Andalucía, afirmando: “Es especialmente llamativa la reducción de diferencias entre los alumnos andaluces y los residentes en Castilla y León, Aragón, Galicia y Cantabria. [...] Las diferencias entre Castilla y León y Andalucía pasan de más de 53 puntos en 2009 (la anterior evaluación) a menos de 38. PISA achaca la reducción “casi en su totalidad a unas menores diferencias en el impacto de las variables explicativas del rendimiento académico” (la mejora del contexto, la educación y el trabajo de los padres, los recursos educativos del hogar, presencia en la escuela infantil, etc.).
Ante este panorama, es necesario contemplar iniciativas que apoyen la mejora de nuestro sistema educativo, que no se corresponde con el nivel del país que tenemos, y sobre todo porque en la educación se apoya necesariamente el futuro. Sin ninguna duda, una de las claves para la mejora es el profesorado y su formación. Quiero aquí reivindicar de manera especial la función de la formación inicial de profesorado, la que reciben los futuros docentes, a cargo de las universidades. Esta fase formativa, crucial, debe ir ligada a políticas efectivas que mejoren el reconocimiento de la función docente en la sociedad, aspecto que debe contribuir a elevar el nivel de exigencia con el que los futuros docentes accedan a los estudios de Maestro. Esta cuestión debe contemplarse como una prioridad académica y política. De esta manera estaremos dando un impulso a toda la sociedad.
