Articulo lenguaje político ¿GARANTIZADO?
Cuando alguien se nos manifiesta con rotundidad, con afirmaciones tajantes y utiliza expresiones tales como: “siempre”, “jamás”, “nunca”, “drástica”, “ningún”… podemos estar seguro de que nos encontramos, bien ante una persona no especialmente consciente de la relatividad de los acontecimientos humanos, o bien ante quiere pretende engañar de todas, todas. La experiencia vital nos confirma que pocas, muy pocas, cosas son inamovibles y por supuesto que las garantías son relativas y están sujetas a contingencias que escapan en muchas ocasiones a la voluntad de las partes que pretenden llegar a un acuerdo. Por ello todos los contratos tienen clausulas de rescisión.
Los ejemplos permiten entendernos mejor y por ello ahí van dos. El 14 de enero tuvo lugar un Consejo de Inspección Andaluz donde se aprobó hacer llegar al Viceconsejero de Educación el malestar de las inspectoras e inspectores de educación andaluces por la publicación de la orden del Plan de Evaluación General del Sistema Educativo Andaluz para el periodo 2012-16, aprobado por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa -AGAEVE-. En primer lugar por ser esta orden poco clara y concreta, creando confusión tanto en Centros Educativos como en servicios educativos (por cierto la Inspección de Educación no es un servicio educativo error que denota una clara intencionalidad y que se debería remediar lo antes posible). También la orden genera duplicidades con las actuaciones, con el consiguiente aumento innecesario de gasto, amén de la inevitable invasión de competencias y, algo especialmente preocupante la "externalización" de la función evaluadora que pudiera generar, atribuida a la Inspección Educativa e inseparable de la supervisión del sistema educativo andaluz.
A la vista de estas manifestaciones el Sr. Viceconsejero interviene manifestando que la orden (una orden nada más y nada menos) sólo pretende dar publicidad a un acuerdo del Consejo Rector de la AGAEVE, siendo éste un acto administrativo en cumplimiento de los estatutos, por lo que hay que desmitificar su contenido, “no siendo ésta una disposición general”. Sigue tranquilizando insistiendo en que “no hay que preocuparse” y que “si (condicional) la Sra. Consejera tiene que dejar claro algo (sobre lo que realiza la Inspección Educativa) así lo hará.”. Tranquiliza a sus “escuchantes” ya que con respecto al cumplimiento del Plan General de actuación de la Inspección asegura que “no existe, ni existirá ningún problema para su implementación, dando garantía absoluta de su cumplimiento”. También afirma rotundamente que en “ningún caso, se va a externalizar la evaluación” ni la inspección, y que no van a existir evaluadores externos. No tiene inconveniente en este esfuerzo “tranquilizador” dejar en entredicho lo dispuesto por la orden (que él mismo aprobó y pasó a la firma de la Consejera de Educación, cuando manifiesta: “En la situación actual, no podemos acometer evaluaciones extrañas de profesorado, centros,........” y también que “Así mismo, las plataformas que se habían planificado y que clasificaban al profesorado, no se van a publicar, por lo que no se etiquetará a nadie.”
Ahí va el segundo ejemplo. Días después la Consejera de Educación mantiene una reunión con Adide, la asociación de inspectores de Andalucía y aquí vuelve a escenificarse la misma estrategia, que además da resultado porque Adide califica positivamente la reunión al “manifestar el talante negociador de la Consejera de Educación María del Mar Moreno y la voluntad entre las partes que ha permitido la adopción de una serie de acuerdos que queremos calificar de MUY IMPORTANTES”. Nos centramos en el lenguaje que la Consejera utiliza (según la nota de ADIDE): “ofrecer garantías plenas” de que no se producirá ninguna actuación que suponga externalización de servicios a través de redes de colaboradores o empresas privadas.. y sin atribuciones legales y no sujetas al control de lo público. La Consejera anuncia la paralización “de forma inmediata” de la red y la formación/acreditación de evaluadores externos, coincidiendo con Adide en la incapacidad legal de los mismos para actuar en procesos de evaluación interna en los Centros Educativos. Igualmente promete una “reducción drástica” en el presupuesto de la AGAEVE. ¡Ah!, y de paso, también se “compromete” a “iniciar en paralelo negociaciones” sobre cuestiones históricas pendientes y continuamente postergadas en relación a las condiciones profesionales del trabajo de la Inspección de Educación y su desarrollo profesional y laboral. ¿Cómo es posible que la misma persona, la Sra. Consejera de Educación, que firma la orden del plan de la Agaeve, arremeta (aunque sea oralmente) contra su desarrollo? ¿En algún momento manifestó que derogaría la orden publicada? Parece que no, de forma que mientras el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) sigue escrito, la Consejera se permite “el chau, chau”.
Resumiendo dos ejemplos de políticos que, utilizando un lenguaje contundente y altisonante, pretenden tranquilizar a un colectivo de profesionales que saben leer y son plenamente conscientes del alcance de lo que se publica en el BOJA. Tanto el tono del Viceconsejero como de la Consejera, utilizando palabras contundentes y rotundas, viene a profundizar en la hipótesis de que no tienen la más mínima voluntad de hacer nada de nada, ofreciendo un claro ejemplo de lenguaje político sin garantías.
Fdo. Rafael Fenoy Rico
