Articulo El derecho a la autodeterminación
Aunque se viene hablando últimamente en España sobre el derecho de autodeterminación, no es un asunto novedoso. Se ha venido reconociendo este derecho desde los procesos descolonizadores producidos entre finales del siglo XVIII, XIX y algo más de la mitad del XX. Muy recientemente la guerra de los Balcanes y la desintegración de la antigua URSS, que por cierto no ha llegado a existir ni siquiera cien años, han sido dos procesos donde la voluntad de quienes dirigen los pueblos ha permitido, que emerjan naciones independientes de una amalgama anterior. Siguen coleando algunos casos de poblaciones que han manifestado por activa y por pasiva, incluso con reconocimientos internaciones y, mucho más que eso, con mandatos de Naciones Unidas, que se produzcan los referéndums de autodeterminación. El antiguo Sahara Español es un ejemplo claro de ello.
Estas Autodeterminaciones, que no independencias, subyace como punto de partida la situación de que anteriormente no se ha sido nunca nación, reconocida en el panorama internacional. Aunque en la historia reciente hay mezclas de situaciones variopintas, es posible concretar que no es lo mismo plantear una independencia que una autodeterminación. Y es este un asunto no menor que subyace en el entramado de los múltiples intereses que en Cataluña y el País Vasco (en menor medida) existen. Intereses muy concretos, sostenidos en sólidas creencias (verdaderas o erróneas) y, también, en gentes con mucho dinero para invertir y grandes expectativas de volverlo a recoger con pingües beneficios.
Otro término que se utiliza con un formato inocente es “La Consulta”. ¿Qué palabra más amable? ¿Quién estaría en contra de una “consulta”?. El vocablo está relacionado incluso con la medicina, consulta médica, o con el sentido común y la prudencia que aconsejan en determinados asuntos realizar consultas. Igualmente en el campo diplomático cuando se pretende dar un mensaje de prudencia se “llama a consultas” a las personas responsables de las embajadas. Y es precisamente esta palabra tan inocente la que figura en la proposición de ley orgánica, que llegó el viernes 17 de enero al Congreso de los Diputados, aprobada previamente por el Parlamento catalán. En ella se pide al Gobierno que delegue a la Generalidad la competencia de convocatoria de referendos con el fin de que Cataluña pueda celebrar en noviembre la consulta soberanista.
Muchos son las duras situaciones que la ciudadanía experimenta en carne propia. ¿por qué los políticos todos, no sólo los catalanes, no consultan al pueblo sobre las posibles soluciones a la misma? Por ejemplo: sobre gastos sociales, médicos, sanitarios y atención las personas dependientes. Sobre los ingresos de la fiscalidad. Sobre el derecho de la mujer a decidir si continua su embarazo. Sobre el derecho a manifestarse y expresarse en la calle. Sobre la monarquía. Sobre la injusta injusticia que perdona robos multimillonarios. Sobre la reducción de los partidos políticos a meros clubs de opinión, eliminando decenas de miles de cargos políticos. Y un tan largo etc… como el lector entienda que le afectan a su vivir diario. Estos son los ámbitos donde los pueblos tienen derecho a decidir. Es más, tienen derecho a autodeterminarse, que no es ni más ni menos que tomar colectivamente determinaciones sobre aspectos esenciales de sus vidas.
Fdo Rafael Fenoy Rico Comunicación Enseñanza CGT
