La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha recomendado al Gobierno que establezca un procedimiento previo al corte del suministro eléctrico para los consumidores con problemas para pagarlo, como la presentación de alegaciones, fraccionar el reintegro de la deuda e incluso que las administraciones intervengan en situaciones de vulnerabilidad.
Así lo ha anunciado durante su comparecencia ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Defensor del Pueblo en el Congreso de los Diputados, donde ha presentado el informe anual 2013. Becerril quiere que se respete la "presunción de inocencia" de los ciudadanos antes de que las compañías eléctricas les corten la luz.
Se trata de una recomendación dirigida a la Secretaría de Estado de Energía el pasado 6 de marzo, en la que pide también la posibilidad de fraccionar el pago de la luz. Para la Defensora, el suministro eléctrico es "esencial para una vida digna" y la privación del mismo lleva a las familias a situaciones de exclusión social de las que es "difícil salir".
Becerril ha hecho un repaso de los temas a los que la institución que dirige ha dedicado sus esfuerzos, y que han sido objeto de debate con los portavoces de los grupos parlamentarios de esta comisión. En concreto, ha criticado la "gran velocidad" con que el Gobierno ha dado cumplimiento a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para dejar sin efecto la 'doctrina Parot'.
"A mi, personalmente, la sentencia me ha parecido muy muy dura para las víctimas", ha subrayado, para añadir que al propio presidente del tribunal de Estrasburgo también le sorprendió la "rápida" ejecución del fallo por parte de España. Asimismo, ha subrayado que se trata de una sentencia sobre una demandante y no 'erga omnes' (respecto de todos).
Por su parte, el diputado del PNV José María Cazalis ha advertido a la Defensora de que si el Gobierno no hubiera aplicado la sentencia sobre la 'doctrina Parot' hubiera sido "reprobable". "El tirón de orejas no tiene que ser sobre el que cumple la sentencia", ha añadido.
La entrada de inmigrantes en situación irregular en Ceuta y Melilla, así como las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la hora de controlar las fronteras ha sido otro de los asuntos tratados en esta comparecencia. La Defensora no ha querido "dejar pasar la oportunidad" de hacer mención a la necesidad de establecer protocolos de actuación para hacer frente a este asunto porque la realidad "ha cambiado".
Asimismo, ha insistido además de la "necesidad absoluta" de "convencer" a la Unión Europea de una política común en materia de inmigración y en advertir de que la cooperación entre España y Marruecos en el control migratorio "no es suficiente". Tras la comparecencia, y en declaraciones a los medios, ha señalado que si se cambia la Ley de Extranjería, sería necesario el acuerdo de todos los grupos parlamentarios.
