El Tribunal Supremo ha rebajado de 21 a 20 años la condena impuesta al presunto cerebro financiero de la trama 'Gürtel', Luis Miguel Pérez, por haber ayudado a un empresario donostiarra a defraudar más de 25 millones de euros a Hacienda.
La Sala de lo Penal ha absuelto de sendos delitos de blanqueo de capitales al empresario Juan Ramón Reparaz y a Luis de Miguel Pérez, quien en la actualidad está siendo investigado en la Audiencia Nacional por su presunta participación en las actividades llevadas a cabo por la trama liderada por Francisco Correa.
El alto tribunal estima parcialmente los recursos que plantearon contra la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó, en abril de 2013, a Reparaz a 38 años de prisión por defraudar más de 25 millones a la Hacienda guipuzcoana entre 1999 y 2006 y a 21 años de cárcel al abogado Luis Miguel Pérez por asesorarle.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Monterde, critica la "parquedad fáctica" que utilizó la Audiencia Nacional al condenarles por blanqueo de capitales, sin concretar a qué cuotas se refería o en qué cuentas se depositó el dinero obtenido con la defraudación.
SOCIEDADES EN PANAMÁ Y BELICE
Según los hechos probados, Reparaz evadió al fisco a través de sociedades interpuestas con sedes en Panamá, Belice, Irlanda, el Reino Unido y España, ayudado por su asesor fiscal, que articuló estructuras fiduciarias permitiendo la canalización de las cuotas no satisfechas hacia activos financieros en el extranjero.
El empresario donostiarra reinvirtió parte de los fondos localizados en Panamá en bienes inmuebles, que han sido utilizados mayoritariamente por él y por su familia. No obstante, el Supremo destaca que la sentencia condenatoria habló "genéricamente" del blanqueo de capitales sin concretar suficientemente los hechos.
Los magistrados rechazan aplicar la atenuante de dilaciones indebidas al no apreciar "paralizaciones excesivas" imputables al juzgado o al Ministerio Fiscal aunque el procedimiento se iniciara en 2003 y el juicio se celebrara en 2012.
Tras la sentencia de la Audiencia Nacional, la Diputación guipuzcoana valoró positivamente que Reparaz fuera condenado a devolver 25 millones de euros a la Hacienda foral y destacaba el castigo a la "mayor trama de fraude de los últimos años".
