La coordinadora local de Izquierda Unida en Cortegana, Rebeca Martín, ha denunciado en el transcurso de un acto público de Izquierda Unida celebrado hoy en esta localidad “el aislamiento que sufren las zonas rurales, una desigualdad que se ha visto agravada desde que el Gobierno del Partido Popular ha puesto en marcha la política de recortes”. La situación es especialmente grave en las áreas rurales dispersas de la provincia de Huelva: Sierra y Andévalo, a las que se castiga ahora con una reforma de la Administración Local que acarreará el desmantelamiento de la autonomía, la privatización sistemática, la pérdida de servicios municipales y el despido de miles de trabajadores.
La reforma local afecta en mayor o menor grado a la totalidad de los 772 municipios andaluces. Nada menos que el 89% de ellos menores de 20.000 habitantes podrán perder gran parte de la prestación de servicios a favor de la gestión privada vía diputaciones. En esos municipios viven más de tres millones de andaluces y andaluzas. En la provincia de Huelva se trata de comarcas enteras, ya que sin ir más lejos en la Sierra, el Andévalo, la Campiña o Cuenca Minera todos los municipios están por debajo del límite de los 20.000 habitantes.
Según explica Rebeca Martín, el discurso del PP, alimentado desde la bancada neoliberal del Parlamento europeo, se escuda en una supuesta reducción de cargos públicos con dedicación exclusiva “intentando ocultar el impulso a la privatización de los servicios públicos municipales y la desactivación de la democracia y la autonomía local”.
En el acto de IU en Cortegana también ha intervenido Diego Valderas, parlamentario andaluz de Izquierda Unida por Huelva, que ha denunciado que con esta reforma los instrumentos financieros se convierten en el medio para recortar lo público y los derechos en vez de para potenciarlos. Según explica Valderas, la llamada Ley para la Racionalización y la Sostenibilidad de la Administración Local, deja clara la intención “de favorecer la privatización de los servicios públicos y ajustarse a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera reconocidos por la Constitución en su artículo 135”. Un artículo que pone el pago de la deuda por encima de los derechos sociales y que es la base de los recortes que sufre la población. Este cambio constitucional fue ejecutado por el PSOE y el PP.
Por su parte, el coordinador provincial de Izquierda Unida, Pedro Jiménez, quien también ha intervenido en este acto público, ha denunciado “la crudeza de las políticas impulsadas por la mayoría conservadora y socialdemócrata que ponen en peligro y amenazan el futuro inmediato de los servicios comunitarios”. Los recortes afectan a la atención de las personas mayores y personas dependientes, las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, la lucha contra la violencia de género, las oficinas municipales de información al consumidor, las escuelas infantiles y los centro de educación de adultos, el mantenimiento de los colegios o las ayudas municipales a los libros de texto, al comedor y transporte escolar, la promoción de vivienda social y los planes sectoriales dirigidos a colectivos desprotegidos.
