Aún hay quienes piensan que una gestión privada es mejor, o mucho mejor, que una pública sobre cualquier asunto. Argumentan que lo público sale más caro que la gestión privada. Que si la productividad de las personas trabajadoras en lo privado es mucho mayor que en la pública. Que los servicios privados son de mayor calidad que los públicos, que además, el que sean privados no encarecen el precio de los mismos. Me acuerdo de un conocido que vivía en una casa propia. Debido a su falta de previsión no acometió en tiempo los mantenimientos que debía y ahora salían las goteras en varias dependencias. Pensó que si abandonaba su casa y se iba en alquiler a otra, de reciente construcción, dejaría de tener problemas. Efectivamente así lo hizo y, pasado el tiempo, comprobó que el arrendador privado se desentendía de sus obligaciones y que la casa, otra hora nueva, se convertía en vieja y desgastada. Que el propietario privado seguía exigiendo el alquiler y, además, que las reparaciones las efectuara el inquilino. Pensó en trasladarse de nuevo a su antigua casa, pero ésta, en ruinas por abandono, no podía se habitada. Quienes piensan que lo privado funciona mejor que lo publico están en un grave error. Lo privado deja de funcionar constantemente, millones de empresas privadas han cerrado, sin que pudieran mantener su actividad. Y esto es inevitable, ya que lo privado exige un beneficio, que siempre es extraído de la calidad de la prestación del servicio. Cuando se dan cifras sobre lo que cuesta al erario público una cama de hospital o un puesto escolar, hay que utilizar bien los datos y no dejarse llevar por la manipulación intencionada de los “intereses privados” creados al efecto. Quienes eligen (los que pueden) una opción privada, pagan y tienen que pagar (seguros privados o asociaciones de padres y madres y actividades extraescolares…) Nada en lo privado es gratis y, más aún, el propietario privado nunca (por definición) mira más que por su propio interés. Los asuntos de vida o muerte, o aquellos que están relacionados con derechos fundamentales, entre los que están Educación y Sanidad, no se pueden privatizar. Porque no es posible dejar estos en manos del legal egoísmo, que siempre subyace naturalmente en toda iniciativa privada. Tampoco se puede dejar caer que algún trabajador abusa. Precisamente en Educación y Sanidad, al tener un trato directo y personal con los ciudadanos, las funcionarias y funcionarios son conscientes de que muchos ojos miran. En España lo público está en manos “privadas de todo tipo de escrúpulos”, de toda inteligencia, y sin embargo con mucha picaresca. Y es que el descontrol es inherente a quienes, desde la política, persiguen favorecer a los suyos y, además, en connivencia con amigos y familiares, montar empresas privadas, para ponerse las botas, transfiriendo dineros públicos a manos privadas. Casos miles. Lo de los EREs de la Jueza Alaya y las tramas Gurtel, botones de muestra.
Fdo Rafael Fenoy Rico Comunicación Educación CGT
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