El Ayuntamiento de Sevilla ha manifestado hoy que la Junta de Andalucía "es responsable de sus decisiones y debe explicar a la ciudadanía los criterios que ha seguido para el reaolojo" de la Corrala Utopía, después de que la administración andaluza anunciara que completará el realojo de estas familias.
La Junta de Andalucía ha asegurado hoy que completará el realojo de las familias de la corrala Utopía después de que el Ayuntamiento de Sevilla haya evaluado la exclusión social o el riesgo de las familias en un informe que, según Fomento, certifica que las 15 familias estudiadas reúnen las condiciones.
Ante este anuncio, la delegada de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del Ayuntamiento de Sevilla, Dolores De Pablo-Blanco, ha recordado que en esta ciudad hay muchos ciudadanos en situación de vulnerabilidad por contar con algún indicador de exclusión, y por ello el Ayuntamiento aprobó el baremo que determina la prioridad de entre todos ellos "garantizado así los principios de igualdad de trato, máxima transparencia, objetividad y garantía".
Por tanto, ante la decisión de la Consejería de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha señalado que el Ayuntamiento "ha cumplido en todo el proceso con la remisión de los informes sociales elaborados por sus trabajadores sociales con carácter prioritario".
En su opinión, la Junta "es responsable de sus decisiones desde el momento en el que entregó las llaves a las ocho familias ocupas anteriores como a las que ha anunciado que entregará hoy".
Asimismo, ha explicado que la Junta ha tramitado un expediente para esa entrega de llaves, por lo que "es de su exclusiva responsabilidad, sin que el Ayuntamiento pueda ni avalar ni dejar de avalar lo realizado por la Consejería".
"Lo único que hace el Ayuntamiento es cumplir con la obligación impuesta en la ley de emitir los informes sociales con calificación de situación de vulnerabilidad, exclusión social y baremada", ha recalcado la delegada municipal.
A su juicio, en Sevilla hay muchos ciudadanos en situación de vulnerabilidad al contar con algún indicador de exclusión (desempleo, víctima de violencia de género, discapacidad, menores, dispersión de miembros de la familia en distintos hogares, entre otros), motivo por el que el Ayuntamiento aprobó el baremo que determina la prioridad de entre todos ellos, garantizado así los principios de igualdad de trato, máxima transparencia, objetividad y garantía".
La delegada ha señalado que la Junta de Andalucía tendrá que explicar a la ciudadanía "por qué ha tomado esas decisiones y por qué ha realojado a personas que, según los informes sociales, no están todas en exclusión social".
"Por qué unos tienen más derecho qué otros, hay familias en Sevilla que están en la misma situación que las personas que van a realojar y que también tienen un solo indicador de exclusión para optar a un realojo, provisional o definitivo. Si solo han tenido en cuenta esto por qué se ha priorizado a estas personas que han ocupado ilegalmente una vivienda", se ha preguntado.
"Lo primero que la Junta debe aclarar es qué criterio de selección han seguido para realojar, por qué se puede realojar a personas ocupas ilegales. No se debe premiar a aquellos que dan una patada a la puerta", ha destacado De Pablo-Blanco.
