El Juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla enjuiciará a partir del próximo martes al dueño de la inmobiliaria Contsa Corporación Empresarial, José Salas Burzón, y a su mujer, María del Carmen Bautista, para quienes la Fiscalía pide siete y seis años de cárcel, respectivamente, por cuatro delitos contra la Hacienda Pública tras haber defraudado supuestamente a Hacienda 2,7 millones de euros entre los años 2003 y 2006.
En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que el Juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla ha fijado para los días 24 de junio y 22 de julio la vista oral contra el dueño de Contsa y su mujer, para los que el Ministerio Público solicita además sendas multas de 5,6 millones y 2,7 millones de euros, respectivamente.
Hay que recordar que Salas se enfrenta a otra petición de 13 años de cárcel por parte del Ministerio Público por un delito societario, otro de insolvencia punible y un tercer delito de estafa en concurso ideal con un delito continuado de falsedad en documento mercantil en relación a la quiebra de su empresa, que fue declarada en concurso con 1.658 acreedores y un déficit patrimonial de 87 millones. Por estos mismos hechos, el fiscal pide seis años para su pareja.
Según relata el Ministerio Público en su escrito de acusación, consultado por Europa Press, el dueño de Contsa "ha eludido el pago" del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) durante los ejercicios 2005 y 2006 por una suma total de 1.096.107,75 euros, por lo que le imputa cuatro delitos contra la hacienda pública en concepto de autor.
De su lado, su esposa, "siempre bajo la instigación de su marido", habría eludido el pago del IRPF entre los años 2003 y 2006 por un importe total de 1.537.747 euros, por lo que le pide seis años de prisión como cooperadora necesaria de cuatro delitos contra la hacienda pública.
"FUERTE SUMA DE INGRESOS NO DECLARADA" POR SALAS
El fiscal de Delitos Económicos, Fernando Soto, pide que, en concepto de responsabilidad civil, ambos imputados indemnicen a la Hacienda Pública estatal con 2.786.899,25 euros, la misma cantidad que supuestamente habría defraudado el matrimonio propietario de Contsa. Asimismo, pide que no puedan obtener subvenciones y ayudas públicas o beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante 20 años.
Según el representante del Ministerio Público, en virtud del procedimiento de comprobación e inspección abierto por la Agencia Tributaria, "se pudo determinar que el querellado ha obtenido una fuerte suma de ingresos en sus cuentas corrientes personales, que no ha sido declarada ni justificada por el mismo en el periodo de inspección".
Así, el dueño de Contsa "ha eludido" el pago de 456.750 euros en concepto de IRPF referente al año 2005, y 639.357,75 euros de este impuesto en relación a 2006.
EL "ASCENDENTE" DE SALAS SOBRE SU MUJER
Respecto a su mujer, "sin oficio conocido", dice que "prestaba el soporte tanto de su persona como de sociedades de la que era titular a fin de realizar la misma defraudación" que su marido, añadiendo que la acusada era propietaria de 'President Patrimonio S.A.', una sociedad "eminentemente patrimonial" constituida en abril de 2001 de la que era administradora única.
No obstante, "el real administrador" de la misma era José Salas, "teniendo el dominio de hecho sobre" esta sociedad "debido al ascendente que tenía sobre su mujer y la dejación de ésta de tales cuestiones", señala el Ministerio Público, que, igual que en el caso de Salas, asevera que la Agencia Tributaria "pudo determinar que la acusada ha obtenido una fuerte suma de ingresos en sus cuentas corrientes personales, que no han sido declaradas ni justificadas en el periodo de inspección".
Así, "y siempre bajo la instigación de su marido", la procesada "ha eludido el pago" del IRPF de 2003 --131.317,25 euros--, 2004 --286.830 euros--, 2005 --741.150 euros-- y 2006 --378.450 euros--, lo que hace un total de 1.537.717 euros.
"INSTRUCCIONES" DEL ACUSADO
Según sostiene el fiscal, "la llevanza de cuentas" en Contsa "lo era siempre atendiendo a instrucciones, a veces genéricas y a veces específicas, impartidas" por José Salas a sus subordinados, lo que "no sólo respondía a la imagen fiel del patrimonio que debe tener la misma, sino que lo que hacía era presentar conscientemente una imagen distorsionada del mismo".
Señala el fiscal que la empresa "depositaba cuentas abreviadas hasta 2007", cuando "con arreglo a la legislación mercantil hubiera debido hacerlo de modo ordinario", gracias a lo cual "cumplía" con los requisitos de tener unos activos superiores a 2,3 millones de euros, "límite siempre superado por Contsa a pesar de los volúmenes ocultos", y una cifra de negocios de 4,7 millones, "límite que aparentemente no ha superado en los años 2006 y anteriores".
Para ello, y siempre bajo las "órdenes" del acusado, la empresa "venía reflejando la mayoría de sus inmuebles que comercializaba y las correspondientes ventas como inmovilizado y como bajas en inmovilizado, con el consiguiente resultado extraordinario en su enajenación". "Sin embargo, y al tratarse de una sociedad que operaba en el mercado inmobiliario, debieran estar reflejados en existencias y sus ventas constituir parte de la cifra de negocio", precisa.
"OPACIDAD"
Con todo ello, se dotaba de "más opacidad" a la empresa, que "no se sometía a la preceptiva auditoría", dice el fiscal, que añade que, "para ocultar el desfase real de acreedores, imposibilitando que terceros tuvieran acceso a esta realidad y siempre siguiendo instrucciones del acusado, cada inversión por parte de terceros no constituía un asiento contable, sino que eran agrupados en una única partida, de tal manera que se hace totalmente opaca e imposible de determinar la realidad del pasivo y sus titulares".
A ello se suma que José Salas "abusaba en exceso de la denominada cuenta contable de caja, donde a fecha del concurso figuraba una cantidad de 19,9 millones de euros", una cantidad que "realmente no estaba en la caja de la entidad cuando se hizo cargo de la administración y control" la administración concursal.
