La reforma fiscal que ha propuesto el Gobierno incluye novedades relevantes sobre el tratamiento del ahorro y supone una oportunidad perdida para impulsar la planificación económica para la jubilación, un aspecto cada vez más importante dado que, seguramente, las pensiones públicas van a disminuir.
El anteproyecto todavía tiene que pasar el trámite parlamentario y el texto que se convierta en Ley puede variar, pero teniendo en cuenta lo que se conoce, cabe destacar tres grandes titulares:
1. En general, mejora la tributación de los productos de ahorro no vinculados a la jubilación, ya que se reducen los tipos impositivos, aumentan las posibilidades de compensación de las rentas positivas y negativas y se elimina la tributación al tipo marginal de ganancias de acciones y fondos de inversión generadas en menos de un año.
2. Faltan medidas concretas para impulsar el ahorro para la jubilación, más allá de la creación de un nuevo vehículo (Plan de Ahorro 5), y empeora el tratamiento de los planes de pensiones, al reducirse las aportaciones máximas deducibles.
3. Empeora la fiscalidad del alquiler de viviendas, con la disminución la reducción que se aplicaba sobre el ingreso neto de gastos.
Veamos algunas de las medidas más relevantes. Se reducen los tipos que gravan el ahorro financiero e inmobiliario (excepto a los planes de pensiones, que tributan como rentas del trabajo, y los alquileres) de forma progresiva entre 2015 y 2016.
Aumentan las posibilidades de compensación de rentas positivas con negativas: Desde 2015, todos los productos financieros de la base del ahorro –que incluirán las ganancias y pérdidas de acciones, fondos de inversión e inmuebles generadas en menos de un año- podrán compensar, con ciertas limitaciones, entre sí las rentas positivas y negativas. Destaca la compensación entre los siguientes productos: acciones, fondos de inversión, venta de inmuebles, estructurados, rentas de la renta fija, seguros de vida-ahorro, depósitos, acciones preferentes y obligaciones convertibles.
Por otra parte, se elimina la exención fiscal sobre los primeros 1.500 euros anuales obtenidos como dividendos. Así, si el inversor recibe 1.500 euros, el coste fiscal será de 300 euros en 2015 y de 285 en 2016.
En lo que se refiere a la vivienda para alquilar, la fiscalidad empeora. Hasta ahora el ingreso neto de gastos se reducía un 60% (el 100% en inquilinos menores de 30 años). Con la reforma, la reducción baja al 50% en todos los casos.
Se reduce la aportación máxima anual a los planes de pensiones a 8.000 euros, independientemente de la edad del ahorrador. Ahora, por debajo de 50 años se podía aportar la menor de estas cantidades: 10.000 euros o el 30% del rendimiento del trabajo y actividades económicas. Con 50 años o más, hasta 12.500 y el 50% de dichos rendimientos, respectivamente.
Y no se ha tocado un punto que estaba sobre la mesa: el tratamiento del rescate de los planes de pensiones, donde se planteaba que tributaran las plusvalías y no la totalidad del ahorro acumulado.
Se crea un nuevo vehículo financiero para promover el ahorro a medio y largo plazo. Podrá adoptar la forma de depósito o seguro y deberá garantizar el capital en un 85% como mínimo. La aportación máxima es de 5.000 euros al año y, si se mantiene el ahorro durante cinco años, la rentabilidad obtenida estará exenta.
Una de las debilidades de este nuevo vehículo es la escasez de productos que abarca este plan. Creemos que se ha perdido una estupenda oportunidad para fomentar el concepto de ahorro para la jubilación ampliando y otorgando cierta libertad a los ahorradores para elegir el vehículo idóneo –según su objetivo de rentabilidad- para acumular un capital para cuando se retiren. Los productos con capital garantizado limitan las opciones de invertir en los productos con mayor rentabilidad a largo plazo.
