La Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos (ANVDV)advierte de que el caso del pederasta del barrio madrileño de Ciudad-Lineal, sobre el que la Policía tiene abierta una investigación, es un ejemplo más de la desprotección que sufren los menores en España, de la que tiene "gran parte de culpa" el Parlamento por su "inacción"
Así lo afirma el presidente de esta organización, José Miguel Ayllón, en un comunicado, en el que señala que "seguramente" este delincuente ha estado implicado en anteriores delitos contra menores de los que ha salido impune, o está fichado por casos anteriores.
"Cuando lo identifiquen y detengan de seguro que tiene al menos antecedentes policiales", afirma este abogado, que alerta de que es lo que ocurrió con el pederasta Santiago del Valle, en el caso Mari Luz, o con Tony King, en el de Rocío Waninnkhof, entre otros.
Ayllón recuerda que el pasado marzo se anunció "a bombo y platillo" una iniciativa legislativa de cambio de las leyes que defienden y protegen a los menores. "Pues bien sus Señorías, los parlamentarios que tan generosamente pagamos, se han ido de vacaciones sin haber hecho su deber de proteger a los menores", lamenta.
El presidente de ANVDV subraya que en 2012 hubo 3.191 niños víctimas de delitos contra la libertad sexual, según los datos del Ministerio de Sanidad, y que en 2013 la cifra es parecida. "¿Cuántos de estos delitos, cuántos de estos crímenes, cuánto de este sufrimiento y de sus secuelas se podían haber evitado con una legislación que de verdad proteja a las víctimas contra sus victimarios?", se pregunta.
A juicio de este abogado, hace falta que se promulgue, "con carácter de ley orgánica, pero de manera urgente", una reforma del Código Penal que dicte unas "verdaderas" medidas de seguridad para identificar, vigilar y controlar a aquellos sujetos que, sin haber sido condenados, habiendo cumplido sus condenas o estando en tercer grado de cumplimiento, estén implicados en delitos contra menores.
También pide la creación de una base de datos de personas implicadas en delitos contra menores con fotos, huellas y material genético con el objetivo de que los agresores estén "perfectamente" identificados, y que esté coordinada con las bases de datos de la Unión Europea y extracomunitarias.
"NINGUNA LEY IMPIDE QUE UN PEDERASTA TRABAJE EN UN COLEGIO"
Según Ayllón, no hay ninguna ley que impida a un pederasta declarado trabajar en un centro de menores, en una escuela, en una guardería, en un gimnasio y advierte de que los encargados de cuidar y educar a los menores no saben quiénes están condenados, son sospechosos o están imputados por pederastia e intercambio de pornografía infantil, entre otros delitos.
"No sólo los menores están desprotegidos sino que sus agresores gozan del pleno ejercicio de sus derechos civiles. El mundo al revés. Un escándalo", asevera.
