El Ministerio del Interior asegura que la empresa de seguridad privada 'Check and In', creada por varios condenados por actividades de los GAL, no ha sido contratada por la Administración, según la base de datos con la que cuenta el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.
"Se indica que en lo que respecta a la empresa 'Check and In', no consta en la base de datos de Seguridad Privada que sea o haya sido autorizada para prestar actividades de seguridad privada", dice el Ministerio en una respuesta parlamentaria escrita a la que ha tenido acceso Europa Press. El diputado de Amaiur le preguntaba en concreto si la citada empresa había realizado en alguna ocasión trabajos para la Administración Pública.
El interés del diputado abertzale se debe a que 'Check and In' fue creada en Barcelona por Alfredo Gutiérrez Argüelles, condenado en 1990 por un delito de homicidio por lo que fue inhabilitado junto con su compañero y exjefe, Francisco Álvarez, quien también fuera condenado a nueve años por guerra sucia. La empresa sigue activa y hasta 2010, Argüelles era el administrador único.
Pasó a ser únicamente apoderado tras su reincorporación a la Policía. Iñarritu recuerda en su pregunta que esta persona fue juzgada y condenada por un intento de secuestro del GAL a un ciudadano y en la actualidad es inspector jefe en un departamento policial en Cataluña.
CONDENADOS EN REBELDÍA
Jesús Alfredo Gutiérrez Argüelles, el capitán de los GEOS Francisco José López Mallín y los sargentos Sebastián Soto y José María Rubio fueron condenados en rebeldía en 1986 por un tribunal francés por el intento de secuestro de José María Larratxea Goñi.
El inspector jefe Argüelles es citado por el expolicía y miembro del GAL José Amedo, en su último libro, donde afirma que "un grupo de GEOS a las órdenes de Gutiérrez Argüelles fracasó en el intento de secuestrar" a Larratxea "para canjearlo por el capitán Martín Barrios".
Amaiur cuestiona al Gobierno la razón por la cual un miembro del GAL, que ha sido condenado sigue formando parte del Cuerpo Nacional de Policía y pregunta si va a ser expulsado y cuándo. Se interesa además acerca de si alguno de los otros tres condenados por el caso Larretxea siguen siendo miembros de la Policía y si siguen en activo más miembros de las Fuerzas de Seguridad que hayan sido condenados en alguna ocasión por actividades de terrorismo de Estado.
El Gobierno no responde a la cuestión de si hay más condenados por actividades de los GAL que siguen en las fuerzas de Seguridad pero explican que Argüelles "fue condenado por delito de homicidio, concurriendo una eximente incompleta de obrar en cumplimiento de un deber, a la pena de 2 años de prisión y su accesoria de suspensión de cargo".
SANCIONADO CON DOS AÑOS
Por ese motivo, "se le incoó el Expediente Disciplinario, en el que se dictó resolución, por el Secretario de Estado, imponiendo una sanción de seis años de suspensión de funciones". "En el recurso contencioso interpuesto por el funcionario, la Audiencia Nacional anuló dicha sanción, sustituyéndola por la de tres años", precisa Interior.
El Ministerio añade que "el 30 de enero de 1998, y una vez cumplida la sanción, solicitó una excedencia por interés particular, reingresando en el Cuerpo Nacional de Policía el 14 de septiembre del 2010".
"Por otro lado --sentencia la respuesta-- cabe señalar que la pérdida de la condición de funcionario se produce por las siguientes causas: Imposición de una sanción de separación del servicio impuesta por Expediente Disciplinario y haber sido condenado a penas de inhabilitación absoluta o especial".
