El diputado provincial de Unión Cordobesa (UCOR) Carlos Baquerín ha advertido por carta a la presidenta de la Diputación de Córdoba, María Luisa Ceballos (PP), que acudirá a los tribunales, por la presunta comisión de un delito de prevaricación y otro de malversación, si cede a la Iglesia Católica para uso litúrgico la parte del Palacio de la Merced, sede de la Diputación, que se corresponde con la antigua Iglesia de la Merced.
En dicha carta, a la que ha accedido Europa Press, Baquerín le ha dicho a Ceballos que no es de recibo que el gobierno del PP en la Diputación "disponga a su capricho, con la complicidad de la Diócesis de Córdoba", de la citada Iglesia, que fue destruida por un incendio en 1978 y que, desde entonces, ha sido objeto de trabajos de reconstrucción y restauración por parte de la Diputación, a través de escuelas-taller.
Baquerín ha recordado a Ceballos que "el edificio de la antigua iglesia del Palacio de la Merced pertenece de forma íntegra y completa a la Diputación de Córdoba y, de hecho, forma parte esencial e inseparable de su misma sede", es decir, que "es un bien de dominio público que debe ser de uso o servicio público", con lo que "darle otro uso o destino distinto al estrictamente legal, en el marco de las competencias propias y del marco constitucional, entiendo que es favorecer o promover la ilegalidad".
Junto a ello, Baquerín subraya en su escrito que "el fomento preferente del culto católico, de su boato y de sus ritos propios y la utilización para ello de la propia sede institucional, con disposición prioritaria de elementos patrimoniales inmobiliarios y mobiliarios, no aparece como una competencia propia de las diputaciones provinciales, ni tampoco como un servicio público local en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local de 1985, ni tampoco en la Ley de Autonomía Local de Andalucía de 2010".
Sin embargo, a pesar de ello, según ha indicado el diputado de UCOR, resulta que, además de restaurar el monumento, "parece que se ha realizado un gasto complementario en la adquisición de imágenes religiosas y enseres para fines ornamentales".
Pero es que, además, "en la página web de la Diócesis de Córdoba, a fecha de hoy, se incluyen fotos actualizadas del monumento restaurado, que forma parte del edificio público que es sede administrativa de la Diputación, y se le atribuye el nombre de 'Parroquia de Nuestra Señora de la Merced', e incluso aparece dotada de un equipo sacerdotal adscrito, formado por Valeriano Orden Palomino y por el ínclito Miguel Castillejo Gorraiz", que fuera durante casi tres décadas presidente de la extinta caja CajaSur, cuando ésta pertenecía a la Iglesia.
Para Baquerín todo ello no es entendible, cuando "es evidente que la sede administrativa de la Diputación de Córdoba, desde un punto de vista estrictamente legal y constitucional, ni puede, ni debe ser una parroquia de la Diócesis de Córdoba, ni en ella se puede, ni se debe, legalmente ejercer la función propia del clero católico en atención a sus fieles, por muy respetable que pudiera ser al ejercerse en el ámbito y contexto adecuados, y cuando también es evidente que usted y su gobierno son responsables de procurar el estricto cumplimiento de la Ley y de la Constitución en este asunto".
Es más, según ha argumentado Baquerín en la carta remitida a la presidenta de la Diputación, toda su actuación en este asunto "parece resultar a todas luces una conducta arbitraria, extralimitada y presuntamente ilegal".
Por eso ha advertido a Ceballos, "ante su injustificable política de hechos consumados" que, "de no recibir de su gobierno en los próximos diez días hábiles una aclaración escrita y razonable que venga a justificar o explicar legalmente estos hechos y conductas", se verá obligado "a poner estos hechos y conductas en conocimiento de la Junta de Andalucía y de la autoridad judicial competente, por si representaran una violación de derechos fundamentales o fueran constitutivos de los presuntos delitos de prevaricación, de malversación y dejación de funciones".
