La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha incoado una actuación de oficio ante el Ayuntamiento hispalense, para esclarecer "el grado de eficacia en la ejecución de las resoluciones" dictadas merced a expedientes sancionadores por la instalación no autorizada de terrazas en los negocios de hostelería. En su actuación, este departamento no sólo señala la "pasividad y las disfuncionalidades" del Ayuntamiento a la hora de tramitar estos procedimientos, sino que además expone que las cifras prueban que "un amplio sector de la hostelería instala ilegalmente sus terrazas".
En concreto, y según un documento de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz fechado el pasado 30 de diciembre, el departamento de Maeztu acordó entonces emprender una "actuación de oficio" ante el Ayuntamiento hispalense para averiguar "el grado de eficacia en la ejecución de las resoluciones que se dictan tras la tramitación de expedientes sancionadores por infracciones cometidas con motivo de la instalación no autorizada de terrazas de negocios de hostelería".
Y es que "año tras año, se vienen recibiendo quejas relacionadas con la contaminación acústica generada por el ruido que se produce, entre otros focos emisores, en las terrazas y veladores, cuya implantación está extraordinariamente extendida en bares y otros negocios de hostelería de nuestra ciudad".
La tramitación de tales quejas, según el departamento de Maeztu, ha puesto de relieve "los graves problemas que este ruido genera en las personas residentes en el entorno de estas instalaciones, la aparente impunidad con la que, ilegalmente, se instalan estas terrazas, sin autorización o ampliando las que ya poseen por la vía de hecho, y la aparente pasividad y las disfuncionalidades en la tramitación con la que habitualmente se gestionan los expedientes sancionadores".
TAMBIÉN EN OTRAS CIUDADES
Maeztu, no obstante, expone que este conflicto afecta "no sólo a la ciudad de Sevilla, sino también a otras poblaciones", con lo que "hechos similares también se producen en otras ciudades". La instalación no autorizada de terrazas en la vía pública, según avisa Maeztu, constituye "un problema grave no sólo desde la perspectiva de la contaminación acústica. sino también desde la de la accesibilidad, pues causa un amplio rechazo en la ciudadanía, especialmente en las personas con movilidad reducida".
"Es un clamor entre la población que los desplazamientos a pie continuamente se ven dificultados, obligando a cambiar de rumbo a los peatones, causando riesgos de alcance y caídas, con motivo de esta usurpación del espacio peatonal sin aparente control", resume la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que no obstante valora especialmente "la última actuación del Ayuntamiento", en referencia a las 37 denuncias y 12 precintos acometidos la pasada Navidad en diferentes negocios de hostelería de la ciudad, por incumplimientos de la normativa.
Al respecto, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz expone que "más de un tercio de las más de 600 inspecciones realizadas desde enero a mediados de octubre de 2014 dieron lugar a expedientes sancionadores", lo que prueba que "un amplio sector de la hostelería instala ilegalmente sus terrazas, pues el número de presuntas infracciones parece realmente alta".
Sin embargo, y merced a la incoación de dichos expedientes sancionadores por parte de la Administración local, avisa Maeztu de que "bastantes expedientes sancionadores iniciados con objeto de imponer multas a los presuntos infractores, con habitualidad no han sido llevados a término".
