El gerente del complejo hospitalario universitario de Huelva, Rafael García, ha defendido hoy el "amparo legal" de las actuaciones llevadas a cabo en el hospital Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena, antes de que entrara en vigor, en noviembre de 2014, la orden de fusión de ambos centros.
García ha prestado hoy declaración como testigo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Huelva en el marco de la demanda presentada por Satse, Sindicato Médico y USAE por considerar "ilegal" las decisiones tomadas previas a dicha fusión, y que desde el Servicio Andaluz de Salud se consideraban necesarias para que el proceso concluyera con éxito.
La demanda sindical, presentada en julio del 2014, exponía que las presuntas "ilegalidades" se cometieron como mínimo, hasta que la orden de fusión entró en vigor en noviembre del 2014 y con ella se persigue que el juzgado declare "no ser conforme a Derecho la actuación material constitutiva de vía de hecho del SAS en relación con la fusión de los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena al venir siendo realizada por persona incompetente y en ausencia de la normativa oportuna".
En la demanda piden que se "anulen todos los actos derivados de tal actuación, con todos los efectos inherentes a esa declaración".
Consideran que el director-gerente de ambos hospitales actuó como "si de un complejo hospitalario se tratase sin haber sido creado éste por el procedimiento reglamentario ni existir resolución en la que conste su creación", atribuyéndose funciones que correspondían a la Consejería de Salud.
Entre ellas, traslado de profesionales o la creación de unidades intercentros en nombre de la creación del denominado Complejo Hospitalario de Huelva.
Actuaciones cuya legalidad han sido defendidas por García, gerente de un complejo hospitalario que ha mostrado su colaboración con la Justicia y su respeto absoluto por el procedimiento y las decisiones judiciales.
