La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado ha dado luz verde este martes al informe de la ponencia que contiene la reforma parcial de la normativa sobre aborto para imponer el consentimiento paterno a las jóvenes de 16 y 17 años, un cambio que viaja al Pleno gracias a los 16 votos en solitario del Grupo Parlamentario Popular, cuya mayoría le ha servido para rechazar tanto las 7 propuestas de veto como las enmiendas --la mayoría de supresión-- que había presentado el resto de los grupos.
Tanto las propuestas de veto como las enmiendas se volverán a debatir en el Pleno del Senado que arrancará el 8 de septiembre (se producirá previsiblemente cuando se reanude la sesión el día 9) junto con el informe de la ponencia, que salvo por la corrección de una errata en un número, mantiene el mismo redactado que cuando fue presentado por el PP en el Congreso el pasado mes de abril.
El argumentario de la oposición se ha ido repitiendo a lo largo de la sesión, tanto durante el debate sobre los vetos impulsados por IU, CC, ERC y Podemos (Grupo Mixto), Entesa y el PSOE, --todos rechazados con 16 votos en contra, 9 a favor y la abstención de CiU, cuyos diputados tendrán libertad de voto en el Pleno--, como a la hora de defender las enmiendas que han presentado, además de los grupos mencionados, el PNV.
Estos grupos están de acuerdo en que la reforma parte de "una falacia" porque con la ley actual sólo las jóvenes en riesgo pueden eludir informar a sus padres; "no tiene justificación" social, científica ni jurídica; se hace a "hurtadillas" y con "fines electorales" para contentar a un sector "ultra" y "minoritario" a costa de un "retroceso" en los derechos de las mujeres, particularmente las más jóvenes.
"En realidad lo que pretenden es suprimir la posibilidad de que las jóvenes de 16 y 17 años interrumpan su embarazo sin informar a sus padres cuando estén en situación de peligro cierto un conflicto grave, de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo", ha señalado la senadora socialista Isabel Fernández Flores, citando el literal de la excepción que contempla la ley actual.
Su compañera de bancada Encarnación Linares ha puesto el acento en este asunto: "Están en su derecho de legislar pero lo que no les vamos a permitir y desde luego no compartimos en absoluto, es que intenten no ceñirse a la realidad, porque no es verdad que el artículo de la actual ley permita a todas las menores que vayan a interrumpir un embarazo sin que sus progenitores lo sepan".
En este sentido, la senadora de Coalición Canaria María del Mar Julios ha añadido que mientras el PP "pretende dar la imagen engañosa de que hay chicas y chicos que utilizan el aborto como anticonceptivo, no es cierto, no han aumentado los abortos en ese tramo de edad" según los datos oficiales, según los cuales, además, "la mayoría" (87%) de las chicas el año pasado acudieron con sus padres. "Se busca un cambio sin base científica ni social para dar una vuelta atrás en los derechos de la mujer", ha sentenciado.
En total, conforme ha recordado la senadora de Podemos Maribel Mora, son el 0,44% del total las menores que no pueden comunicar a sus progenitores la decisión de abortar y en la mayoría de los casos alegaron situaciones como tener a los padres en prisión, estar en desamparo o sufrir malos tratos. "Explíquenme cómo vamos a proteger a estas menores si las obligamos a que las acompañen estos progenitores en una situación límite. Explíquenme como vamos a proteger a las menores que sufran abuso sexual incestuoso", ha dicho a los 'populares' en su primera intervención en la Cámara Alta.
"ACALLAR LAS VOCES REACCIONARIAS"
En la misma línea, la portavoz de ERC, Esther Capella, ha incidido en que argumentos como el uso del aborto como anticonceptivo o la vulneración del derecho de los padres a ejercer su patria potestad que esgrime el PP "son retrógrados y no están basados en ningún argumento ni jurídico, ni científico ni social" y sirven para "acallar las voces más reaccionarias". Además, denuncia que se está "legislando a hurtadillas para limitar el debate y acabar haciendo leyes como churros".
Para Jesús Iglesias Fernández, de Izquierda Unida, está claro el móvil electoral, porque a su juicio en esta reforma "no hay una contestación a la actual regulación, sino la respuesta a un rechazo a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo por parte de un sector minoritario y radicalizado de la sociedad al que además, en un claro error político, no se va a satisfacer con esta reforma".
"Los argumentos vamos a poder repetirlos una y otra vez porque se basan básicamente en el derecho libre a decidir sobre el cuerpo de la mujer y si quiere o no tener un hijo; y en que es una ley consensuada por la mayoría de las Cámaras en 2010", ha dicho la senadora de Entesa Mónica Almiñana en la defensa del veto. En su opinión, "esta modificación tiene principalmente una vertiente electoralista porque pretende contentar a un grupo muy concreto del PP, ni tan siquiera a todo el PP, que no consiguió lo que quería".
José María Cazalis, del PNV, que había presentado enmiendas de supresión del articulado del proyecto, "no se debe de tocar en ningún aspecto" la ley actual "si no es por lo menos con un proceso de consenso tal como el que se planteó en ese momento". En este sentido, ha ironizado sobre la ampliación de ese consenso, "que ahora es más amplio porque el PP sólo modifica una parte muy mínima de la ley", por lo que "apoya la ley actual" y eso "es una buena noticia".
EL PP SEÑALA LA "ARROGANCIA" DE LA OPOSICIÓN
En respuesta, la senadora del PP Carmen Aragón ha destacado la "arrogancia" con la que la oposición se planta ante la reforma que según dicen, sólo contentaría a una minoría. "No sean tan arrogantes. Hablan del consenso que esta ley tuvo. Un consenso sin el PP, que se presentó a unas elecciones en las que obtuvo 11 millones de votos de un 46% del electorado que votó sabiendo lo que pensaba el PP al respecto y que iba a haber alguna modificación. El juego electoralista lo hacen ustedes", les ha espetado.
Sobre la reforma en sí, la senadora del PP María Dolores Pan Vázquez ha sido la encargada de responder a las propuestas de veto, con una intervención en la que ha incidido en que la proposición de ley busca "mejorar la protección de las menores" porque a su grupo y a "buena parte de la sociedad" no le parece bien "que las adolescentes españolas se puedan enfrentar a un aborto sin haber obtenido representación de sus padres y en algunos casos, sin haberles ni informado ni pedido su opinión y su consejo".
