Los cinco imputados en el caso Madeja a los que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha tomado hoy declaración han negado haber cobrado comisiones de la empresa Fitonovo a cambio de adjudicaciones públicas y han rechazado haber tenido responsabilidad directa en las contrataciones investigadas.
En este sentido, uno de los imputados, Javier Isidoro Gómez Garcimartín, funcionario del Ayuntamiento de Sevilla, ha explicado al juez y al fiscal Daniel Campos que no tenía capacidad de decisión en esos contratos y que él se limitaba a evaluar una pequeña parte del proyecto para después remitir su dictamen a la mesa de contratación, han informado fuentes jurídicas.
En el auto en el que De la Mata acordó llamarle a declarar, sostenía que este funcionario estuvo vinculado directamente con contratos administrativos del Ayuntamiento de Sevilla sobre los que existen sospechas de irregularidades en su adjudicación, como un "macrocontrato" para la conservación y mantenimiento de zonas verdes.
En el mismo sentido, negando responsabilidades en esas contrataciones, se han pronunciado hoy el resto de los imputados que han declarado en esta causa, que asumió en septiembre De la Mata después de que comenzara a instruirla la juez de Sevilla Mercedes Alaya, y que acumula 96 imputados.
Ninguno de los cinco, para los que hoy el fiscal Daniel Campos no ha pedido medida cautelar alguna, habían declarado hasta ahora ante un juez, ya que sólo habían sido interrogados en dependencias de la Guardia Civil.
Además de Gómez Garcimartín, hoy han comparecido ante De la Mata José María Maya Cáceres, exjefe de Carreteras del Gobierno de Canarias, al que supuestamente Fitonovo pagó 57.024 euros entre 2003 y 2011 "por su actuación en la adjudicación y/o ejecución de contratos públicos" para dicha empresa.
También ha prestado declaración José Ulises Pérez González, ingeniero del Cabildo de Gran Canaria que habría recibido de Fitonovo 10.381 euros en dádivas por facilitar la adjudicación y ejecución de determinados contratos públicos a la empresa, según relataba De la Mata en el auto en el que aceptó la competencia de este caso.
Asimismo, han sido interrogados los empresarios Rubens Coba Falcón, gerente en Canarias de la empresa API Movilidad, adjudicataria de distintos contratos públicos supuestamente irregulares, y Gustavo Adolfo Jiménez, representante en Canarias de Elsamex, empresa que subcontrató a Fitonovo en varias adjudicaciones del Cabildo de Gran Canaria.
Mañana cerrarán esta ronda de declaraciones otros tres empresarios: Francisco Javier Amieva, administrador de Klevin, una empresa que se dedica al control de plagas urbanas y que "simuló realizar distintos trabajos de acondicionamiento de suelos, aseos y pintura" para la sede del PSOE de la calle Monederos de Sevilla.
Tras él, serán interrogados también como imputados Juan Francisco Naranjo, administrador de suministros agrícolas Narajo, que supuestamente hizo facturas falsas o infladas para nutrir la caja B de Fitonovo, y Fernando Rodríguez Blanco, administrador de la entidad Reyes y Donlas, que presuntamente también falseó facturas.
En el caso Madeja se investigan comisiones por parte de la empresa Fitonovo a cambio de contratos, que habrían causado perjuicios a instituciones públicas de Andalucía, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Madrid, y también al Ministerio de Fomento, a los ayuntamientos de Sevilla, Algeciras (Cádiz) y La Carolina (Jaén) y a la empresa pública Adif.
