La patronal sevillana de la construcción (Gaesco) dice haberse sentido sorprendida por la decisión del Ayuntamiento de suspender todos los proyectos relativos a la SE-35 como consecuencia de la “comunicación” realizada por la Unión Europea de tener que resolver la “incidencia puntual” de la futurible ronda intermedia sobre el parque del Tamarguillo, al haber sido realizado éste con fondos comunitarios.
Según Gaesco, si el gobierno de Espadas abandona esta infraestructura, muchas empresas piensan reclamarle la devolución del dinero que entregaron al Consistorio para su ejecución. Recuerda que, para la redacción del PGOU de 2006, el Ayuntamiento exigió a los propietarios del suelo por donde debía discurrir la SE-35 el pago de “importantísimas” cantidades económicas a fin de acometer la expropiación de los suelos y la ejecución de los sistemas generales de la ronda de circunvalación, y todo ello con carácter previo a la clasificación de los suelos. Ese dinero se abonó hace ya doce años, pero, continúa recordando la patronal, el Ayuntamiento lo destinó a otros fines, “provocando -asegura- importantes quebrantos económicos, cuando no la desaparición de las empresas que promovían los proyectos”.
Monteseirín gastó el dinero
Efectivamente, numerosos promotores inmobiliarios, empresas constructoras y propietarios de terrenos firmaron durante los años del ‘boom’ numerosos convenios urbanísticos con el Ayuntamiento de la dupla Monteseirín (alcalde) y Marchena (gerente de Urbanismo), por los que se obligaron a realizar aportaciones económicas para financiar los sistemas generales (equipamientos, comunicaciones, espacios libres…) previstos en el Plan General y que debían dar servicio a los futuros barrios de la ciudad. Aunque nunca se han dado cifras oficiales, se estima que el gobierno de Monteseirín recaudó más de 240 millones de euros (172 millones en metálico y unos 70 millones en suelo).
Pues bien, en vez de invertir el dinero en la SE-35, los espacios libres y los equipamientos para tenerlos listos cuando se construyeran las promociones inmobiliarias -que no se iniciaron o quedaron frenadas al poco por el estallido de la crisis económica-, Monteseirín se lo gastó en las Setas de la Encarnación (más de cien millones), el carril-bici y la reurbanización de la Alameda de Hércules, entre otros proyectos, con el pretexto de que constituían sistemas generales de Sevilla. En resumen, en lo que él denominaba “la ciudad consolidada” en vez de en la ciudad del futuro.
Gaesco, tal como ahora hace con Espadas, amenazó con exigir la devolución del dinero tras calificar la actuación de Monteseirín de “estafa”, pero nunca acudió a los tribunales. ¿No resulta extraño que pese a ese “importante quebranto económico” y hasta “desaparición de empresas”, una asociación afectada por una estafa de 240 millones de euros no haya demandado en estos doce años al Ayuntamiento? La opinión pública está ansiosa de conocer las razones de esta llamativa pasividad empresarial. Será que, como dijo Monteseirín, el urbanismo sevillano está siempre bajo sospecha. ¿Habrá habido acuerdos bajo la mesa… camilla?
Cuestión de fondo
La patronal trata de reducir el problema de la SE-35 a una mera comunicación de Bruselas; vamos, como si se tratara de una simple carta en que amablemente le solicitara al Ayuntamiento que corrija una “incidencia puntual”. Pero ahora ya se ha tratado de un Dictamen Motivado, que es el paso previo para llevar al Gobierno de España (la UE aborda los problemas con los Ejecutivos de los países, no con las Administraciones inferiores) ante el Tribunal de Justicia en caso de que el Estado miembro no le haga caso en el plazo de dos meses y tras haberse vulnerado, presuntamente, la legislación comunitaria.
El Dictamen fue enviado el pasado 25 de septiembre y ante la imposibilidad de atenderlo antes del plazo dado (25 de noviembre), el Ayuntamiento se ha visto forzado a renunciar al proyecto (dividido en diversos tramos) de la SE-35.
No se trataba de resolver sólo lo que Gaesco denomina “incidencia puntual” de que una carretera cruzarse por un parque (el del Tamarguillo) creado con fondos europeos, ya que en juego estaba una cuestión de mucho mayor calado: el incumplimiento de la normativa que obliga a someter los proyectos de infraestructuras a una evaluación previa de impacto ambiental.
Vía urbana
El Ayuntamiento, a través de las respuestas dadas por el Gobierno de España, ha sostenido ante Bruselas que como la SE-35 estaba incluida dentro del PGOU y éste había sido sometido a una evaluación ambiental digamos de carácter genérico no hacía falta otra específica para la ronda intermedia porque habría sido una redundancia inútil.
Además, de conformidad con la Junta de Andalucía, sostuvo que el proyecto no entraba en ninguna de las categorías obligadas por la legislación europea a someterse a evaluación porque, atención, más que con una carretera la SE-35 había que equipararla a una vía urbana, a una calle más de la ciudad.
Así pues, a la opinión pública sevillana se le presentaba la SE-35 como una autovía destinada a descongestionar de tráfico la saturada ronda SE-30, pero a Bruselas se le decía que era una mera vía urbana. Una vía supuestamente urbana pero con la particularidad de que sólo en el término municipal de Sevilla iba a tener una longitud de 29 kilómetros y una anchura para seis carriles de circulación.
La tercera excusa dada ante la UE fue que en realidad en el PGOU apenas había referencias a la SE-35. Sin embargo, Bruselas no se dejó engañar y la identificó por las referencias SGV-DMN-01; SGV-DMN-04 y SGV-DE-02.
Cuatro municipios
El cuarto argumento tampoco fue admitido. Se presentó la SE-35 como una simple vía urbana situada dentro de los límites de Sevilla capital y que no servía para conectar con otros municipios, por lo que no debía ser sometida a una evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, son cuatro los municipios afectados por el trazado de la carretera de circunvalación: Sevilla, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas y Gelves, ya que el declarado propósito de la misma era conectar la SE-30 con la ronda exterior SE-40.
La UE tuvo clarísimo que la SE-35 era una carretera de todas todas y, entre otras disposiciones, destacó que hasta la ley 8/2001, de 12 de julio, de la Junta de Andalucía, estipula que las nuevas carreteras deben someterse a la previa evaluación de impacto.
Por tanto, la Comisión envió el 11 de julio de 2014, con Zoido como alcalde, una carta de emplazamiento y dio dos meses de plazo para recibir una respuesta. Zoido ha declarado ahora que la UE no ha exigido que se suspenda la carretera, sino sólo que se adopten las medidas correctoras, y que él reaccionó rápidamente buscando una alternativa, la SE-20.
En realidad, lo que hizo el exalcalde fue responder a Bruselas que como no se había licitado todavía ningún tramo de la SE-35 no se había causado daño alguno al medio ambiente y que, en cualquier caso, se comprometía a no emprender ninguna actuación sin adoptar antes una decisión clara al respecto.
El siguiente intento de camelar a la UE, ya con observaciones incluidas de la Junta de Andalucía, fue tratar de sustituir la evaluación de impacto por una figura jurídica digamos menor, una autorización ambiental unificada. Bruselas respondió esgrimiendo un amplio corpus jurídico para rebatir tal pretensión, y viendo que más de un año después de su emplazamiento (hasta fue generosa otorgando prórrogas sobre los plazos legales) seguía sin resolverse nada, hace dos meses dio un ultimátum al Gobierno de España.
El Dictamen Motivado de la Comisión no ha dejado otra opción al Ayuntamiento presidido por Juan Espadas, heredero a la postre del problema, que anular el proyecto, porque en dos meses era imposible hacer lo que no se había hecho en los nueve años transcurridos desde la aprobación del Plan General en 2006.
