El Juzgado de lo Penal de Granada ha condenado al imputado en el caso del envenenamiento en 2011 de dos ejemplares de quebrantahuesos en el parque natural Sierra de Castril a indemnizar con la cantidad de 6.000 euros a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por un delito contra la flora y la fauna, y a una pena de seis meses y un día de multa con una cuota diaria de 6 euros.
Según informa la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el hombre también ha sido inhabilitado para cazar o pescar por un periodo de quince meses, así como a pagar las costas del proceso.
Cabe destacar que en mayo de 2011 se localizaron los cadáveres de dos de los quebrantahuesos liberados a través del Proyecto que lleva a cabo la Junta para la reintroducción de la especie, en concreto el de 'Pontones', un macho liberado en 2007, y el de 'Cata', una hembra soltada en 2009.
Los resultados de las analíticas realizadas revelaron que la causa de ambas muertas fue el envenenamiento por la ingestión de cebos de carne de oveja, impregnados en Aldicarb, una sustancia tóxica muy potente que no sólo causa efectos letales sobre la fauna amenazada y los ecosistemas sino que además puede representar un riesgo grave para la salud pública.
Ante estos hechos, que provocaron que la Consejería paralizara de forma temporal la liberación de ejemplares durante más de un año, se inició una investigación policial liderada por la Junta, a través de la estrategia para la erradicación del uso ilegal de cebos envenenados, y en la que participó el Seprona de la Guardia Civil, el Centro de Análisis y Diagnóstico de fauna silvestre y la Unidad Forense de Apoyo de los Agentes de Medio Ambiente.
TÉCNICA NOVEDOSA EN EUROPA
En el transcurso de la misma se pudo rastrear el ADN de la carne de dichos cebos, procedente del contenido digestivo de los cadáveres, y cotejarlo con el obtenido a partir de muestras de sangre de las ovejas de varios ganaderos del parque natural, las cuales fueron extraídas por técnicos especializados y el Seprona, con la autorización del Juzgado competente, y sometidas a técnicas de amplificación de ADN.
Tras varios meses de investigación se pudo conocer que la carne de los cebos procedía de una explotación de la zona, cuyo titular fue acusado de un delito medioambiental.
La novedosa técnica utilizada en la investigación policial, que se caracteriza por aplicarse por primera vez en Europa como la de un delito medioambiental, no solo ha permitido aportar al Juzgado las pruebas del envenenamiento sino que también ha supuesto una lucha sin precedentes en la lucha contra el veneno.
La colocación de cebos envenenados en el medio natural es un delito tipificado en el Código Penal y en la normativa administrativa que puede ser sancionado con fuertes multas, incluso con la privación de libertad hasta dos años.
Todos los quebrantahuesos del proyecto de reintroducción que han muerto envenenados, cuatro en total, fueron localizados en la Sierra de Castril. En este mismo espacio natural también se encontraron muertos otros tres ejemplares, que aunque la causa de la muerte no pudo ser confirmada mediante análisis por el mal estado de conservación en que se encontraban los cadáveres, no puede descartarse que igualmente murieran envenenados.
De hecho en 2010 ya fue condenado otro ganadero de la zona a 18 meses de cárcel por colocar cebos envenenados con Aldicarb, a raíz de las investigaciones desarrolladas por otro quebrantahuesos muerto en abril de 2008.
Tras la paralización de las liberaciones de quebrantahuesos en 2011 la Consejería puso en marcha un ambicioso proyecto de lucha contra el veneno denominado 'Refuerzo de actuaciones para la erradicación del uso de venenos en el parque natural de la Sierra de Castril y en las vecinas sierras de La Cabrilla y del Pozo. Ya en 2012 se reinició la suelta de ejemplares. Desde entonces no ha muerto envenenado ningún ejemplar de esta rapaz.
