La Fiscalía de Sevilla ha ampliado las imputaciones del caso Marismas, en el que hay 21 acusados y se investiga un presunto fraude 40 millones de euros en obras de riego en el Guadalquivir, y pide que se cite a declarar como investigado a un interventor delegado de la Consejería de Agricultura y Pesca.
Según un escrito de la Fiscalía remitido al juzgado de instrucción 16 de Sevilla, que investiga el caso, el interventor Juan L.A. habría participado en el pago de la subvención de la primera certificación de las obras, por valor de 4,2 millones, "desobedeciendo por completo el procedimiento establecido".
Además, la subvención se pagó "sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos para la autorización de dicho pago", según recoge el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe.
En el escrito remitido al juzgado, el fiscal también solicita que, tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que acota el tiempo de instrucción de las causas, se proceda a la "declaración de complejidad" de este caso.
El fiscal explica que hace esa petición porque "es razonable pensar" que la causa no va a concluir antes del 6 de junio de 2016 porque existen numerosos hechos punibles, involucra a gran cantidad de investigados y exige una prueba pericial de "notable complejidad".
En este sentido, el fiscal solicita que especialistas de regadíos y obras públicas de la Junta de Andalucía elaboren un dictamen pericial de la obra realmente ejecutada, de la certificada, de la realmente pagada y la comparación entre los diferentes proyectos presentados.
Además, solicita el auxilio jurisdiccional de la Agencia Tributaria, y pide a la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir que aporte su libro de actas y de las sesiones de la mesa de contratación en las que se abordó la adjudicación y ejecución de las obras así como los pagos de distintas indemnizaciones.
También pide a la Guardia Civil que identifique a las personas que formaban parte de las empresas implicadas en el proyecto, así como las cuentas corrientes que se usaron para los diferentes pagos de las obras.
Entre las numerosas diligencias pedidas por el fiscal se incluyen las facturas de los pagos y cobros correspondientes a la obra de las empresas que participaron en los trabajos de riego.
En marzo pasado, la Fiscalía pidió la imputación de 21 personas, entre ellas cinco ex altos cargos de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía.
Para hacer las obras, el Instituto Andaluz de Reforma Agraria aprobó el 13 de octubre de 2004 una subvención de 40.119.944 euros para la modernización del riego según un proyecto presentado por la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir.
El proyecto era de 66,6 millones de euros y se concedió a los regantes ayudas por 40,1 millones, según la Fiscalía, que ha investigado "el irregular procedimiento de adjudicación de las obras" y el pago de una primera certificación por valor de 4,2 millones de euros por obras que no se habían hecho.
Ante el juez ya han declarado cuatro ex altos cargos de la Consejería de Agricultura, uno de los cuales dijo que hubo "benevolencias" por parte de la Junta para que esa obra cumpliera los plazos y requisitos formales, mientras que otros dos coincidieron en afirmar que su consejero pidió actuar ante las irregularidades detectadas en la adjudicación de las obras de riego.
El cuatro ex alto cargo en declarar, un jefe de servicio de Promoción Rural de la Consejería de Agricultura, ha afirmado que le extrañó el hecho de que se aprobara una certificación de 4,2 millones de euros para unas obras de riego en las marismas del Guadalquivir en Sevilla porque estaban en "un estado de deterioro que daba pena".
