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Sevilla

La juez Núñez divide en nueve piezas la 'macrocausa' de los cursos de formación

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha dividido en nueve piezas la 'macrocausa' donde se investigan las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía

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  • El ex consejero Ángel Ojeda. -

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha dividido en nueve piezas la 'macrocausa' donde se investigan las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía, todo ello después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara a la instructora que dividiera el caso en cinco grandes bloques.

   En un auto fechado el día 21 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada divide esta 'macrocausa' en nueve piezas, tres de las cuales versarán sobre los entramados empresariales vinculados al exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda y a otras dos personas, mientras que cuatro de las piezas se centrarán en otros tantos consorcios públicos de formación de la Junta, como son Ciomijas, Formades, Forman y CTI.

   De igual modo, la instructora ha dividido el caso en una octava pieza vinculada a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), mientras que la novena y última pieza se centrará en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), lo que está relacionado con la operación 'Barrado' desarrollada el pasado mes de marzo por la Guardia Civil y dirigida por la juez Mercedes Alaya.

   En relación con la operación 'Barrado' en la que fueron detenidos nueve delegados y exdelegados provinciales de Empleo, la juez Alaya acusó a la Junta de Andalucía de crear una "red de clientelismo político", ya que desde la Consejería de Empleo se impartirían "órdenes" a las distintas delegaciones provinciales de Empleo para que no se controlara el dinero destinado a la formación.

   Hay que recordar que la juez María Núñez, en un auto dictado el día 30 de julio, ya acordó dividir en piezas separadas el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, a lo que se había opuesto reiteradamente la anterior titular.

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