El Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que investiga la operación urbanística que permitió la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar en una zona verde de Granada, junto al Centro Comercial Serrallo, está a punto de finalizar, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
La titular del Juzgado, la magistrada María Ángeles Jiménez Muñoz, tiene que pronunciarse ahora sobre la petición de las defensas de los investigados, entre los que se encuentra la edil de Urbanismo en la capital, Isabel Nieto, para que declaren una serie de testigos. Además, la juez está pendiente de que el Ayuntamiento de la capital le remita la cuenta de liquidación de la Junta de Compensación, del desarrolló de toda la urbanización, algo que ya le ha requerido "en varias ocasiones", según las fuentes.
Así, la juez tiene que decidir si aceptar o no la declaración de esos testigos, si esperar a que el Ayuntamiento le remita la documentación requerida o finalmente dar por cerrada la instrucción. Esto último sería "lo más práctico" y lo que establece la ley, ya que con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que lo que quede pendiente se resuelva en el juicio oral.
En ese sentido, las diligencias de investigación penal abiertas se transformarían, mediante un auto de adecuación, en diligencias de procedimiento abreviado, es decir, el paso previo al juicio. En el momento en que se dictara procedimiento abreviado, las acusaciones personadas, si así lo estiman oportuno, podrán presentar sus escritos de acusación.
La concejal Isabel Nieto declaró por este asunto el pasado 10 de diciembre en el Juzgado, donde defendió la legalidad de su actuación y mostró mostrado convencida de que la causa "se archivará".
Tras declarar durante aproximadamente tres horas, negó que en este caso haya habido "un pelotazo" por parte del concesionario, en tanto que se ha hecho un estudio económico en el que ha quedado demostrado "que ha sido perjudicado".
La concejal de Urbanismo matizó además que el pliego de condiciones exime al Ayuntamiento de Granada de "toda responsabilidad", pues "todo era a riesgo y ventura del concesionario; cambiar los columpios, poner una discoteca o si sale mal el negocio, el Ayuntamiento está blindado".
La edil entró a los Juzgados por el aparcamiento en un vehículo acompañada por una agente de la Policía Local, reservado únicamente a personal autorizado, lo que motivó las quejas del juez decano de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar, quien comunicó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) su "malestar" por "un trato de favor" que se produjo, según dijo, "sin intervención alguna de jueces o personal judicial".
Además, su investigación llevó a Ciudadanos (C's) a retirar su apoyo de gobernabilidad al gobierno local del Ayuntamiento de la capital, del PP, después de que la concejal no presentara su dimisión pese a ser citada a declarar en el Juzgado. Según la formación naranja, con ello se vulneraba uno de los puntos del "acuerdo de regeneración democrática" que rubricaron ambos partidos como "paso previo para la estabilidad en el Ayuntamiento de la capital", que incluía la premisa de que cualquier miembro debía abandonar su cargo público si era imputado por corrupción política.
Fue la Fiscalía la que en febrero del pasado año denunció a un promotor inmobiliario y a cinco altos cargos de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada por posible delito contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística en la citada operación junto al centro comercial Serrallo Plaza.
El Ministerio Público abrió una investigación por este caso después de que un particular, exfuncionario de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, denunciara posibles delitos urbanísticos en el sistema general de espacios libres.
Los hechos se remontan al año 2006, cuando se otorgó concesión administrativa para la realización de un parque de atracciones infantil junto al Serrallo Plaza. El objeto de esa concesión fue sin embargo "modificado sucesivamente a través de alteraciones del proyecto de urbanización" que debía concretar las obras a desarrollar en el parque, incorporando incluso varias edificaciones "sin solicitar licencia para ello", según sostiene la Fiscalía.
Con posterioridad, a través de licencias de obra menor se cubrió la pista de patinaje y se adecuaron interiormente los dos pabellones destinados a restauración, procediendo igualmente al arranque de ejemplares de árboles situados dentro de la zona verde para realizar determinadas obras que permitieran el acceso de vehículos al interior del parque.
Todas estas actuaciones fueron "cercenando paulatinamente el uso propio y público a que se ha ido orientando la utilización y protección de las zonas verdes en el urbanismo".
Una vez finalizadas las actuaciones, el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, con fecha 29 de enero de 2013, suscribió escrito en el que ponía de manifiesto la "ilegalidad de las actuaciones". Ante ello, se presentaron diversos informes en los que se pretendía "argumentar la legalidad de las actuaciones" a través de una interpretación de una norma, favorable a flexibilizar la introducción de usos ajenos a los espacios libres en dichas parcelas.
Según la Fiscalía, ciertamente, la redacción de ese artículo "no resulta muy afortunada", pero las interpretaciones efectuadas "resultan contrarias a la preponderancia de los espacios libres frente a los restantes equipamientos que propone la LOUA, la jurisprudencia así como la doctrina del Consejo Consultivo; interpretación que implicaría asimismo posibilitar directamente la alteración del uso de parques, jardines o espacios libres sin tramitar la oportuna modificación del planeamiento no requerir el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo".
La actuación mediante plataformas en un terreno de gran pendiente "ha devenido en que las únicas zonas accesibles e idóneas para el paseo o la estancia se hayan ocupado con las distintas construcciones" que además, a través de vallados, "han procedido a una privatización del espacio público", según indicaba el fiscal en su denuncia.
En definitiva, a través de interpretaciones contrarias a la defensa de los espacios públicos se ha autorizado, "a través de un procedimiento no ajustado a derecho, una extensión del centro comercial adyacente a través de la implantación de usos lucrativos (algunos incompatibles con el planeamiento) que exceden incluso de la ocupación máxima permitida".
En este caso, el proyecto de urbanización aprobado por la Comisión Ejecutiva de 20 de diciembre de 2011 y 20 de marzo de 2012 fue sometido "exclusivamente" a informe del Arquitecto municipal, siendo así que modificó las características de la instalación "sin tomar a consideración los aspectos jurídicos administrativos de la modificación contractual y la concurrencia de los requisitos exigibles legalmente y en el propio Pliego de Condiciones".
Según el fiscal, la documentación presentada que contenía las modificaciones operadas debió ser remitida a la Subdirección de Gestión a la vista de que afectaban a la concesión del parque de atracciones infantil y, en tal caso, "se podría haber sometido al procedimiento de modificación contractual establecido legalmente con carácter obligatorio" y con ello "proceder a comprobar si estaba justificada por razón de interés público y si dichas modificaciones eran consecuencia de necesidades nuevas o causas imprevistas".
Para la Fiscalía, el acuerdo municipal de aprobación del proyecto de urbanización "no es el instrumento idóneo para llevar a cabo la modificación contractual", y, por tanto "resulta imprescindible la retroacción de las actuaciones en la parte que afecta al parque de atracciones infantil".
