La diputada provincial socialista Isabel Moya defiende la derogación del real decreto que regula las características generales de las pruebas de evaluación final al finalizar la educación primaria. En este sentido, la diputada comenta que “este real decreto lo que supone es una imposición a las comunidades autónomas al obligarlas a diseñar, aplicar y corregir unas pruebas que introducirían elementos de tensión externa al alumnado, las familias y al profesorado”. En el mismo sentido, añade que “todas estas circunstancias supondrían una traba al normal desarrollo del calendario escolar y ocasionarán graves dificultades organizativas, funcionariales y económicas para el Gobierno de Andalucía”.
Así pues, la aprobación de estas normativas en referencia a una materia tan primordial para el desarrollo de la sociedad como lo es la educación ha causado un profundo malestar en el PSOE ya que los socialistas consideran que los grandes avances educativos siempre han partido de ejecutivos gobernados por ellos. En esta línea asevera que “la aprobación del real decreto pone en evidencia, tal y como ocurrió con la aprobación de la LOMCE, la actitud de falta de diálogo de nula voluntad de acuerdo y de omisión del deber político de consenso con todos los agentes de la comunidad educativa de los populares”. Estas circunstancias suponen un “agravio” según Moya quien considera que “existe un déficit democrático en el tratamiento de los temas educativos que conllevan a que se vea afectada la ciudadanía española; todo ello, además, considerando el oportunismo utilizado ya que esta norma se ha impuesto por un Gobierno central del PP en momentos previos a entrar en funciones”.
Como datos generales, es destacable que en este real decreto ha impuesto lo que la comunidad educativa ha venido denominando reválida para el final de la etapa de educación primaria. Por ese motivo, Moya defiende que “esta reválida final, que no evaluación, tiene como característica que las calificaciones obtenidas deberán de ser expresadas en términos desde el insuficiente hasta el sobresaliente y esto permitirá que los alumnos y alumnas de primaria reciban una calificación final muy reduccionista que pervierte el sentido educativo de globalidad de la evaluación continua que debe aplicarse en esa etapa educativa”. Asimismo, cree que “el establecimiento de estos rankings de centros, según los datos obtenidos de los alumnos, no contribuirá a la mejora del sistema educativo, sino que conllevará, inevitablemente, a la discriminación y desprestigio de centros docentes cuya ubicación en el sistema clasificatorio, descontextualizado, no beneficiaría la labor educativa que debe ser desarrollada por cada uno de ellos en su propio contexto”.
En resumen, la diputada socialista ha calificado esta situación del sistema educativo como “una contradicción insostenible con los verdaderos principios de la evolución en la educación primaria e introduce unas obligaciones que no están especificadas y que son imposibles de asumir en cuanto a la puesta en marcha de esta reválida que consideramos injusta, innecesaria, inoportuna e impuesta que claramente es rechazada por el conjunto de la comunidad educativa”.
Por todas esas razones, en el próximo pleno de Diputación el Grupo Socialista instará al Gobierno de España a la derogación de este real decreto que regula las características generales de las pruebas de la evaluación final de educación primaria establecida. De la misma manera, solicitan que se paralice cualquier actuación o medida en este sentido, así como la apertura de un proceso de diálogo y consenso democrático con las organizaciones políticas y los agentes educativos para restaurar las condiciones que conduzcan a la verdadera mejora de la educación en Andalucía. “Es la manera justa que sea el consenso con la comunidad educativa el que marque las pautas de un proceso adecuado para buscar la excelencia académica y que suponga la mejor herramienta con la que fortalecer al sistema educativo”, concluye Moya.
