El juez de instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, investiga como personas jurídicas a Telefónica y Lazard en relación con las presuntas irregularidades en el patrimonio del expresidente de Bankia y exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
El juez, que investiga la comisión de varios delitos por fraude fiscal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y administración desleal, tomó declaración el pasado 19 de febrero a Rato y a su socio Domingo Plazas.
Ese día, dentro de la pieza secreta que se instruye en Plaza de Castilla, también declararon otras cuatro personas, entre ellas el secretario general y del consejo de administración de Telefónica, Ramiro Sánchez de Lerín, y el consejero delegado de Lazard Asesores Financieros, Pedro Pasquín.
Las citadas fuentes han explicado que este miércoles han declarado los representantes legales de Telefónica y Lazard, después de que el juez citara a ambas empresas como personas jurídicas, figura introducida en la última reforma del Código Penal.
En un auto hecho público el pasado 3 de marzo, el juez Serrano-Arnal investiga las presuntas comisiones ilegales recibidas por Rato, entre ellas del banco de inversiones privadas Lazard. El expresidente de Bankia reconoció ante el juez el pasado mes de octubre haber recibido de Lazard, donde trabajó antes de su nombramiento como presidente de Caja Madrid, un "crédito puente" de dos millones de dólares que devolvió cuando vencieron unas obligaciones sobre acciones incluidas en su contrato.
Negó haber favorecido la concesión de contratos de Bankia a Lazard y precisó que el banco de inversiones era asesor de Caja Madrid antes de que él fuera presidente. Tras su nombramiento, Lazard participó como asesor en la fusión de las siete cajas que conformaron Bankia y en su salida a Bolsa. "Para ser asesor en fusión no hubo concurso", precisó Rato, que admitió que decidió designar para esta función a su anterior empresa, "tras escuchar otros criterios".
PAGOS POR ASESORAMIENTO
Sánchez de Lerín fue quien firmó el contrato entre Telefónica y Kradonara, empresa propiedad de Rato que se halla en el centro de la investigación judicial por ser clave en el patrimonio presuntamente irregular del exdirector del FMI, para la realización de informes de asesoramiento por los que recibió 726.000 euros entre enero de 2013 y abril de 2015, según adelanta 'El Español'.
El juez investiga si Rato recibió dinero de las comisiones de los contratos publicitarios en la salida a Bolsa de Bankia y también el cobro de un millón de origen desconocido remitido por Kradonara y Vivaway, además de otros pagos procedentes de Telefónica e ingresos defraudados a Hacienda procedentes de la asistencia a congresos y conferencias. El Juzgado de Instrucción 31 de Madrid mantiene imputadas a otra decena de personas en este procedimiento.
