Hay tres generaciones completas de gaditanos que no saben lo que es conducir sin rascarse el bolsillo. De las 50 pesetas iniciales que costaban los peajes del puente Carranza –menudo despropósito pagar por salir de la ciudad Cádiz si querías evitar rodear la bahía-, Jerez y Las Cabezas, a los 7,20 euros que cuesta pasar por las cabinas instaladas bajo esta localidad sevillana. Desde 1969 han pasado 47 años de “impuesto revolucionario”, como denunció años atrás -en un gesto de enorme valentía en pleno apogeo de los gobiernos de Aznar- el entonces presidente de los empresarios gaditanos Miguel González, convencido de que lastra el desarrollo económico de esta provincia.
Cuando concluya la concesión el 31 de diciembre de 2019–todavía está por ver que el Gobierno no lo amplíe-, la concesionaria Abertis habrá ganado, más que pingües, indecentes beneficios tras medio siglo de recaudación legal pero inmoral. Un atropello del que han sido cómplices los ex presidentes Suárez, González y Aznar que prorrogaron 6, 7 y 13 años respectivamente, hasta duplicar su explotación, la concesión que debió concluir en 1993.
Sólo la presión social permitió eliminar el pago por el puente y posteriormente, en 2005, el rescate del 1,05 euros de Jerez gracias a que la Junta liberó este tramo. Abertis ingresa, desde entonces, un canon de 72 millones por el lucro cesante repartidos en 14 partidas anuales de los presupuestos andaluces. Lejos de saciar sus ansias recaudatorias, esta empresa ha subido –y el Ministerio de Fomento se lo ha permitido- de 5 euros a los 7,20 en una década.
Multipliquen esta cantidad por 12.000 -15.000 vehículos diarios de media en invierno, un poco más en otoño, en torno a 20.000 en primavera y más de 25.000 en verano. Hay que sumar un millar de camiones al día. El resultado es que la autopista está más que amortizada pero eso no es óbice para que los gaditanos seamos los únicos andaluces que tenemos que pagar por desplazarnos a la capital andaluza por una vía rápida –la alternativa es la vetusta y peligrosa Nacional IV en la que han fallecido más de un centenar de personas en los últimos años-.
Este agravio roza la ‘tortura’ social y económica ahora que el Gobierno tiene previsto rescatar por 8.000 millones las autopistas radiales de Madrid que son deficitarias. En la barra de un bar soltaría más de un improperio a quienes permiten y toleran esta tomadura de pelo al pueblo gaditano. En esta columna me limitaré a espetar con rabia: ¡Maldito peaje!
