La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a A.A. y a A.G. a cuatro años y cuatro años y seis meses de prisión, respectivamente, por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros ante su participación en la organización y guía de dos pateras en las que transportaron a 42 personas, entre ellas a dos menores, a las que cobraron entre 700 y 1.000 euros por la travesía.
El fallo, consultado por Europa Press, señala a A.G. como una de las personas que se dedica a organizar viajes en patera desde la zona costera de Orán (Argelia) con destino España para inmigrantes sin autorización a cambio de una suma de dinero, sentido en el que habría participado en las dos expediciones marítimas.
La primera de ellas tuvo lugar en mayo de 2013 y en ella participaron 18 personas de origen argelino, a las que se cobró entre 850 y 1.000 euros por una plaza en una lancha neumática de su propiedad, de ocho metros de eslora y dos de maga, en la que también hubo otros colaboradores que se encargaron de dirigir la embarcación con sus indicaciones.
El viaje se desarrolló parcialmente en horario nocturno y sin medidas de seguridad hasta que sus ocupantes fueron rescatados a 1,6 millas náuticas de Carboneras por una patrullera de la Guardia Civil.
El acusado también ha sido relacionado con una segunda patera que a finales de diciembre de 2014 partió de las costas de Argelia rumbo a territorio europeo con 24 personas, entre ellos dos menores, a quienes se cobró en torno a 700 euros. En este caso, se trataba de una patera más pequeña, con seis metros de eslora y dos de manga.
Según señala la Sección Tercera en su sentencia, el propio acusado patroneó la patera junto con A.A. en una travesía que se inició de noche y en la que los ocupantes llegaron a "achicar" el agua que les entraba, hasta que fueron encontrados al mediodía del 26 de diciembre a unas nueve millas náuticas de Mojácar por la Guardia Civil.
Así, los testigos de la segunda patera reconocieron a A.G. como el "jefe", puesto que "llevaba la brújula" --que habría lanzado al agua ante la presencia de la Guardia Civil-- y era quien alternaba el gobierno de la embarcación con A.A., quien negó haber tomado los mandos de la nave y alegó que no recordaba nada porque se "tomó una pastilla"; cuestión que no figura en su primera declaración en fase de instrucción.
El tribunal aprecia que los acusados, uno de los cuales confesó los hechos, pusieron "en peligro la vida de los inmigrantes" ante la "patente sobrecarga" de las embarcaciones y el "riesgo de hundimiento" que presenta un viaje así en el que se cubre una distancia de "algo más de 200 kilómetros". "La gravedad de los hechos es incuestionable", añade en sus fundamentos en los que hacen mención expresa a la existencia de menores en una de las expediciones.